Durante multitudinaria marcha, organizaciones dan plazo de 30 días al Gobierno para sanar presa de Hatillo

Quitasueño, Cotuí, Sánchez Ramírez. Cientos de personas se congregaron hoy en las inmediaciones de la presa de Hatillo, reclamando soluciones al problema de la contaminación ambiental que afecta el mayor lago de agua dulce de la República Dominicana.

La marcha inició desde el Parque Duarte de Cotuí, próximo a las diez de la mañana de este domingo, y concluyó con la lectura de un documento dirigido al Gobierno central por parte de los organizadores de la protesta.

En ese orden, la vocera del Bloque de Agrupaciones Comunitarias, la maestra Isabel Estévez, dijo que el activo de salud y vida más importante con que cuenta Sánchez Ramírez y la región nordeste es la Presa de Hatillo. “Y ahora la Presa de Hatillo está envenenada y contaminada, producto de varios factores como las aguas residuales de Bonao, Piedra Blanca, Maimón y centenares de villas enclavadas en las áreas montañosas de Monseñor Nouel”.

Los organizadores de la protesta otorgaron un plazo de 30 días al presidente de la República para iniciar la solución de remediación ambiental y saneamiento de las aguas de la presa de Hatillo.

Argumentó que a esto se suma la contaminación ambiental de las empresas mineras, “que extraen nuestras riquezas y envenenan las aguas de nuestros ríos con químicos altamente peligrosos para la salud humana, vegetal y animal, así como para todas las criaturas vivientes en esta zona del país”.

Dijo que la mayoría de ríos, arroyos y cañadas de Sánchez Ramírez están contaminados, impactando negativamente la biodiversidad y el medioambiente de esta provincia y de la región nordeste.

En torno a las empresas mineras que operan en la región, como Falcondo, Cerro Maimón (Monseñor Nouel) y Barrick Pueblo Viejo (Cotuí), señaló que estas empresas han contribuido durante años con la depredación de los recursos naturales y la contaminación ambiental, ante la mirada indiferente de las autoridades e instituciones gubernamentales.

Criticó la reubicación de cientos de familias para la construcción de varias presas de colas, y denunció que los comunitarios que viven próximos a la mina de oro reciben agua para consumo humano de camiones cisterna oxidados, debido a que los ríos del entorno minero han desaparecido o están afectados por la contaminación ambiental.

Añadió que entre las localidades suplidas de agua en camiones cisterna por Barrick Pueblo Viejo figuran Las Lagunas, Tocoa, La Cerca, La Piñita, La Cueva de Zambrana y Las Dos Palmas, entre otras.

Criticó que, mientras los precios del oro suben en los mercados internacionales, en Sánchez Ramírez crecen el abandono y la pobreza. Las carreteras y caminos vecinales están intransitables, y los barrios y comunidades están golpeados por la precariedad del suministro de agua potable, además de presentar altos déficits de edificaciones escolares e instalaciones deportivas.

“Señor presidente, los hijos e hijas de esta laboriosa provincia Sánchez Ramírez nos sentimos muy molestos por el estado de abandono en que se encuentra esta población, afectada por la carencia de servicios básicos y el alto grado de contaminación ambiental”, expresó la profesora Isabel Estévez, quien dio lectura al comunicado de las organizaciones populares.

Recordó que, tras asumir por primera vez el poder, el presidente Luis Abinader prometió la construcción de varias obras, entre ellas la ejecución de un acueducto múltiple para solucionar el suministro de agua potable en Sánchez Ramírez, y que, a más de seis años de gobierno, dicha obra no ha sido iniciada.

Además, exigen:

La construcción y asfaltado de las calles de los barrios de Cotuí; la construcción de los puentes sobre los ríos Maguaca y Chacuey, que comunican a Platanal con esta ciudad; la terminación del mercado público y la construcción de un nuevo matadero municipal en Cotuí; la construcción y rehabilitación de varios acueductos en Cotuí, La Mata, Fantino y Cevicos; compensación para los productores de peces de Hatillo, Maimón y el Cruce de Quitasueño, entre otras.

También reclaman al Gobierno el pago de 13,000 millones de pesos retenidos por el Estado, correspondientes al cinco por ciento de las operaciones de la minera Barrick Pueblo Viejo desde sus inicios hasta la fecha.