Por casos de aborto se persigue mayormente a mujeres pobres

En República Dominicana la criminalización del abordo afecta “desproporcionadamente” a mujeres en situación de vulnerabilidad debido a la pobreza y bajo nivel educativo, quienes no tienen acceso a una defensa adecuada.

Esta conclusión forma parte del informe “Podría ser yo”, presentado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem-RD) y el Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM).

Indica que entre el 2016 y el 2023, 68 mujeres fueron procesadas por aborto, de las cuales se analizan cuatro casos en las que todas fueron arrestadas sin garantías, incluso cuando estaban hospitalizadas.

Apunta que la información médica se usó en su contra sin orden judicial, violando su intimidad y derechos. “Las cuatro mujeres estudiadas son madres, pobres, con trabajos precarios y una de ellas migrante haitiana, víctima de violencia obstétrica y discriminación racial”, indica la investigación.

Desglose

Una de las mujeres, solo identificada como Azucena de 35 años y madre de seis, fue arrestada tras llegar al hospital con un feto muerto. Pasó 6 meses en prisión preventiva y fue condenada a 2 años de pena suspendida. Según el informe las autoridades acusaron a Azucena de ingerir pastillas abortivas y también introducirlas por la vagina.

Mientras que ella negó la acusación y dijo que solo había tomado calmantes, que se cayó de un motor y que ella se había dado cuenta del embarazo cuando ya estaba avanzado. Tenía 34 semanas de gestación. El hecho sucedió en 2017 pero el informe no especifica donde.

Otro de los casos es de Amarilis, con 31 años , madre de tres y residente a orillas de un río en una zona urbano-marginal. En 2021 fue arrestada luego de que la vincularan con un aborto. Ella confesó se había provocado un aborto tomando un té de la mata de caoba y dos pastillas de Cytotec. Aunque se le impuso una garantía económica, no pudo pagarla y pasó tres semanas en prisión. Sus hijos fueron enviados a un hogar de paso. El juicio de fondo no se pudo llevar a cabo porque Amarilis no acudió a las audiencias y fue declarada en rebeldía.

El tercer caso es de una mujer haitiana denominada Orquídea, de 32 años, quien fue detenida tras expulsar un feto que falleció. No hablaba español ni tuvo defensa adecuada. Estuvo 6 meses bajo arresto domiciliario hasta que el caso fue archivado.

El hecho sucedió en 2022, Orquídea vivía en una finca donde trabajaba su esposo. Fue apresada estando hospitalizada luego de expulsar un feto que nació vivo y luego murió. Ella confesó haber ingerido medicamentos para abortar, pero su defensa dijo que eso no se pudo probar.

El cuarto caso es de una conserje llamada Dalia, madre de tres, quien fue arrestada en 2023 luego de que se hallara un feto en un basurero. Se le impuso el pago de garantía económica. Luego no acudió al tribunal y fue declarada en rebeldía.

Conclusiones

El informe afirma que el sistema de justicia ha actuado con sesgo, sin pruebas concluyentes y con base en estigmas sociales, no en hechos jurídicamente comprobados.

“La criminalización del aborto en todas sus formas promueve persecuciones que afectan sobre todo a mujeres pobres, con bajo nivel educativo y sin acceso a defensa adecuada”, indica el informe que urge revisar la legislación.