¿Qué dicen los artículos 15 y 16 del nuevo proyecto de ley de alquileres que la ABA propone analizar?

El proyecto de ley que busca modernizar el régimen de alquileres en República Dominicana sigue estando en la palestra. Una de las más recientes posiciones que han sido externadas desde el sector bancario es la de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), entidad que hace varios días expresó su preocupación por varios aspectos de la pieza.

La comunicación, firmada por la presidenta ejecutiva de la ABA, Rossanna Ruiz, señala que el proyecto limita elementos esenciales del contrato de arrendamiento, como la duración, el precio del alquiler y su reajuste. Esto, a juicio del gremio, restringe la libertad de contratación, vulnera el principio de autonomía de la voluntad de las partes y desnaturaliza la esencia del negocio jurídico privado.

Uno de los puntos más criticados es la propuesta de obligar a que las garantías de alquiler se depositen en entidades bancarias. La ABA considera que este mecanismo, aunque podría parecer una vía para fomentar la bancarización, representa una distorsión de la finalidad original de la garantía, que forma parte de una relación contractual privada entre arrendador e inquilino.

Sobre el artículo 15

Asimismo, la organización sostiene que la redacción del artículo 15 es ambigua y no define adecuadamente las responsabilidades legales de las entidades financieras en la custodia y devolución de los fondos. Esto podría derivar en conflictos legales entre las partes por incumplimientos contractuales, trasladando injustamente esos riesgos al sector bancario, que no está preparado ni legalmente facultado para desempeñar ese rol.

El artículo 16

Otro aspecto conflictivo es el artículo 16, que establece que la garantía podrá ser entregada al arrendador o al inquilino “sin más trámite”. Según la ABA, esta redacción es riesgosa, ya que no aclara los criterios ni los procedimientos para determinar si se ha cumplido con el contrato, lo que puede poner al banco en la incómoda posición de ejecutar decisiones sin respaldo legal ni mandato judicial claro.

La entidad también critica la obligación de las entidades bancarias de recibir copias de los contratos de alquiler y notificarlos a los reguladores financieros. Desde una perspectiva operativa, esto implicaría la adopción de nuevas funciones, implementación de tecnologías específicas, segmentación de productos y capacitación del personal, lo cual representaría una carga adicional para los bancos sin estar contemplada en su marco legal.

La ABA advierte que estas medidas, de aprobarse sin ajustes, colocarían al sector bancario en una situación similar a la actual problemática de los embargos, muchas veces aplicados sin criterios jurídicos claros. Esto, asegura la entidad, podría traducirse en distorsiones operativas, inseguridad jurídica y afectaciones económicas tanto para las instituciones como para los usuarios.

Acoprovi respalda

De su lado, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) manifestó su posición «favorable» respecto a la aprobación del anteproyecto de Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, tras haberse acogido sus observaciones.

Consideró que las observaciones que remitió a la Cámara Baja, el día tres de julio, tuvieron una favorable recepción, acorde con el interés de aportar a un sector inmobiliario robusto, que impacte positivamente en la ciudadanía y los oferentes de estos servicios.