Señalan condiciones para nueva JCE

POR LEONORA RAMÍREZ S.
La selección de los nuevos jueces de la Junta Central Electoral (JCE) debe tener como punto de partida el consenso, y la confianza que generen en la población las personas designadas en esos cargos, según las opiniones coincidentes de los ex vicepresidentes Milagros Ortiz Bosch, Jaime David Fernández Mirabal, y Juan Sully Bonnelly, ex presidente del tribunal electoral.

De acuerdo con Ortiz Bosch, cuando hay equilibrio congresional es más viable la concertación, pero al ocurrir lo contrario se tiende a dejar de lado el consenso, llenando de desconfianza los procesos de selección de la JCE.

“Lo más importante es crear confianza en el sistema electoral, y eso va a depender de que se asuma la concertación para elegir a un JCE confiable, lo cual está relacionado con las características democráticas de quienes tienen la responsabilidad de elegir a esos jueces”, dijo Ortiz Bosch.

Tanto ella como Fernández Mirabal y Sully Bonnelly emitieron sus juicios durante un seminario, organizado por Participación Ciudadana, sobre la JCE y las alternativas para una elección de consenso, y en tal sentido relataron las experiencias positivas de 1994 y 1998.

Durante la actividad Fernández Mirabal expresó que el reto del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es no convertir a la JCE en una sociedad civil morada.

Su planteamiento surge en el contexto del control que sobre el Congreso Nacional tendrá el partido de gobierno, ante el triunfo electoral del pasado 16 de mayo. Esa composición legislativa tendrá que elegir a nuevos jueces electorales ya que el período de los actuales concluye el próximo 16 de agosto.

En ese sentido, manifestó que el mecanismo ideal seleccionar a los magistrados de la JCE es mediante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Para Sully Bonnelly, quien formó parte de la JCE constituida en 1994 tras la crisis política que generó un fraude electoral que favoreció al ex presidente Joaquín Balaguer, la confianza es lo que se necesita para hacer una buena labor en un organismo electoral.

“La confianza fue lo que nos permitió realizar un trabajo que parecía imposible, porque llegamos a la JCE en un momento de descrédito que tuvo su culminación en 1994”.

Sobre la base de esos antecedentes expresó que lo recomendable es que no sean las crisis electorales y políticas las que lleven a tomar decisiones sobre la selección de los miembros de la JCE.

En la presente coyuntura, precisó, los actores políticos deben abocarse al consenso para formar un tribunal electoral confiable y que no despierte suspicacia.

ENTRE LUIS ARIAS Y PC

La actividad contó con la presencia de Luis Arias, presidente de la JCE, quien expresó que es al Senado de la República al que le compete decidir cuáles ciudadanos dirigirán el tribunal comicial, por lo que su rol no es cabildear apoyo.

Respecto al cambio de estructura de la JCE, que actualmente está compuesta por una cámara contenciosa y otra administrativa, expresó que cualquier decisión que se tome debe ser sobre la base de un estudio ponderado para establecer lo que le conviene al sistema, y no como parte de una coyuntura.

Paulo Herrera Maluf, coordinador de Participación Ciudadana, manifestó que desde hace más de una década esa institución ha insistido en la necesidad de que la integración del tribunal electoral cuente con el consenso político y social.

“Hemos advertido que una JCE compuesta fundamentalmente por militantes de partidos, o que sea el resultado exclusivo de la voluntad de las organizaciones políticas, no genera tranquilidad y confianza para el clima electoral”.

LA EXPERIENCIA EXTRANJERA

En el seminario sobre la selección de jueces electorales participaron Fernando Tuesta Soldevilla, ex presidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú, y Juan Fernando Jaramillo, magistrado auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia.

Tuesta Soldevilla planteó, partiendo de los procesos electorales en el Perú, que desde el 2001 han evidenciado eficiencia, rapidez y transparencia, y que el sistema puede funcionar en democracia, aunque debe se mejorado.

“Las dificultades manifestadas a lo largo de este tiempo no se deben al número de organismos, sino a una inadecuada delimitación de funciones. Este es el centro del problema, que debe superarse en el diseño de una separación de acciones y competencias entre los organismos electorales, y una mejora sustancial de la legislación electoral”.

Jaramillo, al analizar la historia de la composición electoral colombiana, dijo que ese aspecto seguirá formando parte de la agenda de reforma política de su país, porque el sistema actual de nombramiento del Consejo Nacional Electoral no genera garantías acerca de su imparcialidad.

“En segundo término, porque tanto la Constitución de 1991 como la reforma constitucional del 2003 todavía no han sido reglamentadas por un nuevo código electoral”.