Agosto cerró con violencia en República Dominicana, marcado por una alarmante cantidad de crímenes, entre ellos dos casos de violación colectiva registrados en San Francisco de Macorís y Santiago. Septiembre ha comenzado con un hecho similar, que parece un horrendo déjà vu, pero con un agravante: según el Ministerio Público, en esta ocasión la agresión fue perpetrada por al menos tres miembros de los cuerpos del orden.

La víctima, una mujer de nacionalidad haitiana, según el expediente fue interceptada por una patrulla policial en la avenida España, luego de regresar del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). Viajaba en un taxi cuando fue detenida por los agentes Clara Yoli Gerónimo, Ronny Alberto Monzón Sánchez y Luis Ángel Taveras Herrera, quienes alegaron que sus documentos digitales no eran válidos y que sería trasladada al Vacacional de Haina para fines de deportación.

Según el expediente, los agentes liberaron al taxista y condujeron a la mujer a un área oscura en el sector Los Tres Ojos, donde le sustrajeron US$1,000 y RD$10,000. Posteriormente, fue trasladada a las inmediaciones del Faro a Colón, donde fue violada y abusada sexualmente por al menos tres agentes, mientras era amenazada con armas de fuego.

Durante la audiencia de medida de coerción, el fiscal Tito Oseas presentó evidencias que vinculan a Luis Ángel Taveras Herrera y Edwin Yuriel Maríñez Araujo con la violación, conforme a los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano. A Yoli Gerónimo y Monzón Sánchez se les imputan cargos por asociación de malhechores y robo, bajo los artículos 265, 266, 379, 382 y 383.

La jueza Karen Casado Minyety, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, dictó prisión preventiva para los cuatro imputados:

Luis Ángel Taveras Herrera (raso de la Armada): será recluido en el Centro de Corrección para Militares El Polvorín.

Clara Yoli Gerónimo, Edwin Yuriel Maríñez Araujo y Ronny Alberto Monzón Sánchez: cumplirán la medida en el Centro de Operaciones Especiales.

El exconsul haitiano Edwin Paraison, director de la Fundación Zile, expresó: “Que esto sea una decisión de castigo a los culpables, y que la condena sea proporcional al hecho”. Por su parte, el abogado Antony Taveras, defensor de dos de los implicados, alegó que “ellos solo cumplían una orden”.