El director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, aseguró que la nueva ley que tiene como soporte la institución, tendrá "un régimen de consecuencia para los actos irregulares.

"Estableciendo sanciones de tipo administrativos y de tipo penal, que van desde 2 a 10 años de prisión", subrayó.

Agregó que no solo castigará a los funcionarios, sino a quienes se vinculen a actos ilícitos administrativos.

Durante una entrevista en el programa Telematutino 11, Pimentel destacó los avances logrados en la implementación de mecanismos de control y digitalización. “Estamos trabajando para que cada proceso sea más claro, más accesible y menos vulnerable a irregularidades”, afirmó.

El funcionario reconoció que aún persisten desafíos en la lucha contra la corrupción administrativa. “No podemos negar que existen prácticas que deben erradicarse, pero estamos convencidos de que con vigilancia ciudadana y voluntad política podemos avanzar”, puntualizó.

Asimismo, subrayó la importancia de la participación social en la fiscalización de las compras públicas. “La transparencia no es un asunto técnico; es un derecho de la ciudadanía que impacta directamente en la calidad de los servicios que recibe la población”, expresó.

Finalmente, Pimentel resaltó que la modernización tecnológica es clave para reducir espacios de discrecionalidad. “La digitalización de los procesos permitirá que cualquier ciudadano pueda verificar cómo se utilizan los fondos públicos”, concluyó.