Se entregó este lunes ante el Ministerio Público otra de las personas vinculadas a la presunta red de corrupción que habría afectado al Seguro Nacional de Salud (Senasa) con miles de millones de pesos, desmantelada mediante la Operación Cobra.

Se trata de Rafael Martínez Hazim, quien se presentó acompañado de su abogado, Carlos Balcácer, en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), dos días después de que su residencia fuera allanada y tras ser requerido por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

“Wilson Camacho me estuvo esperando y se lo entregué a él personalmente, y en las próximas horas estarán depositando la solicitud de imposición de medidas de coerción, lo cual presagia que la audiencia será mañana en la mañana”, manifestó Balcácer a la periodista Loyda Peña, del periódico Hoy.

Asimismo, el jurista aclaró que su cliente no tiene ningún parentesco familiar con el también imputado Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Senasa, como trascendió en algunos medios de comunicación durante el fin de semana.

“El árbol genealógico de él (Rafael) no lo sitúa ni como primo 10º del señor Santiago Hazim. No es verdad, como han dicho, que era sobrino de ese señor”, aseguró.

Otros imputados

El Ministerio Público también imputa en la operación Cobra a Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Además, investiga a varias personas físicas y jurídicas con el propósito de judicializarlas conforme avancen las indagatorias.

Acusación

Al grupo se le atribuyen el delito de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos, según adelantó el órgano persecutor mediante un comunicado de prensa.

“El Ministerio Público ha podido recabar evidencias, de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos, maniobras fraudulentas, en definitiva, un esquema de corrupción sistemático instalado por el Director Ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano”, se asegura en el documento.