POR FIOR GIL
Las expectativas de un posible desalojo mantienen en zozobra a cientos de familias, que según alegan, desde hace más de 20 años fueron beneficiados con un asentamiento agrario en las comunidades Las Matas de Juan y San Felipe, de Villa Mella, en terrenos que actualmente están siendo reclamados por los antiguos propietarios.

No se trata de invasores de terrenos, señalan, ya que las parcelas reformadas del Distrito Catastral número 20 del Distrito Nacional, fueron declaradas de utilidad pública e interés social por el entonces presidente Joaquín Balaguer para ser traspasadas al Instituto Agrario Dominicano, mediante la aplicación de la Ley 282 del 20 de marzo del 1972.

Las familias ocupan terrenos que hoy día una gran parte se han urbanizado con una gran población, dotada de escuelas, comercio, centros de salud, mientras otra porción se mantiene con vocación agrícola en manos de los parceleros asentados.

“Eso ha pasado a ser un problema muy serio, desde San Felipe hasta Mata San Juan, con miles de personas afectadas que viven en zozobra, bajo la amenaza constante de un desalojo”, explicó Juan Moreno Chalas, de la Asociación de Parceleros La Esperanza, que junto a otros dirigentes pidieron la intervención del presidente Leonel Fernández para buscar una solución.

Explicaron que en el año 1974 el IAD asentó a 300 familias, que recibieron sus títulos, en los terrenos que en ese momento se encontraban baldíos.

A través de los años se han librado muchas “protestas” con saldos de muertes, heridos y hemos comparecidos a varios juicios, porque detrás de esas tierras han aparecido numerosos dueños que reclaman la propiedad, según explica don Chicho.

De acuerdo con los señores Moreno Chalas, Jesús Paredes, Melanio Meléndez y Fermín Gil, quienes visitaron la redacción de este diario, hace más de 30 años el gobierno realizó el asentamiento A-46 en 5,800 tareas.

“Nosotros somos invasores de terrenos, lo que ocurre es que los dueños, a quienes le fueron expropiadas, las vendieron y siempre han querido sacarnos de esos terrenos”, explicó Chalas, quien dijo que llevan 20 años pidieron al IAD que resuelva ese problema.

El dirigente campesino admitió que la empresa que reclama tiene los títulos originales de esos terrenos, porque nunca se anularon y “para ellos nosotros estamos en ellos de manera ilegal y los que están ilegal son ellos, porque en el año 1974 fueron declarados de utilidad pública”.

A mediados de julio el director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), ingeniero Salvador Jiménez, dijo que las autoridades actuarán contra los invasores de terrenos privados y del Estado, porque este gobierno garantiza el derecho a la propiedad privada.

“Nosotros llamamos a cualquier persona que tenga alguna inquietud, si entiende que hay terrenos que están discusión, que se acerquen a las instituciones correspondientes para darle el seguimiento que la ley exige”, dijo Jiménez.

Expresó que así como las autoridades exigen que se respeten las tierras propiedad del Estado, dan más que garantías a los inversionistas y personas que tienen sus propiedades con sus respectivos títulos.

El director del IAD también exhortó a los propietarios de terrenos de San Felipe, Villa Mella y de otras comunidades, donde personas “desaprensivas” han ocupado por la fuerza sus propiedades, a acudir a esa institución para aplicar la ley.

Dijo que el IAD no apoya ni ahora ni en el futuro a los invasores de terrenos, ya que actúan de manera ilegal. Se informó que en San Felipe, Villa Mella, hay un individuo de nombre Chicho, que dirige la asociación La Esperanza, para ocupar por la fuerza terrenos privados, bajo el argumento de que son del Estado, a fin de distribuirlos en solares a supuestos pobres.