Testigo revela presuntas maniobras del general Santos Viola para encubrir propiedades

El Ministerio Público presentó nuevos elementos que evidencian cómo los militares y policías acusados en el expediente derivado de la Operación Coral ocultaron bienes millonarios a través de prestanombres, incluyendo inmuebles y vehículos adquiridos con dinero en efectivo, los cuales nunca fueron registrados a nombre de sus verdaderos dueños.

En la audiencia, celebrada este martes ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, fue escuchada la testigo Marioly Pérez Adames, esposa del teniente coronel Kelman Santana Martínez, uno de los acusados en el proceso. La mujer admitió que, sin su consentimiento, fue colocada como supuesta propietaria del apartamento B-4, ubicado en el condominio Torre Elsa en Gascue.

La testigo declaró que nunca ha visitado dicho apartamento ni conoce su ubicación, y que, en el año 2022, ella y su esposo realizaron la entrega voluntaria del inmueble al Ministerio Público para fines de decomiso.

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La investigación reveló que dicho inmueble fue adquirido en el año 2014 a la empresa Coinpro, pero el pago no fue realizado por Pérez Adames ni por Santana Martínez, sino, por el también imputado, general de brigada Julio Camilo de los Santos Viola. Este último aparece como comprador de otras unidades funcionales (A-3 y A-4) del mismo complejo, utilizando como prestanombres a Manuel Alba Solano y Elida María Trinidad Santiago.

Durante la audiencia también declararon los testigos Yessenia Artemis Cepín Peña y Jorge David Ulloa Ramos, cuyas declaraciones reforzaron la teoría del Ministerio Público sobre la ocultación de bienes. Uno de los casos señalados fue la colocación de una camioneta todoterreno a nombre de Cepín Peña, con la supuesta intención de traspasarla posteriormente a Manuel Alba Solano. Sin embargo, dicho traspaso nunca se formalizó, aunque el vehículo fue utilizado por los imputados.

En esta jornada también fueron incorporadas 24 tasaciones que evidencian los valores reales de los bienes adquiridos por los acusados. Entre ellos, figuran: propiedades pertenecientes al coronel Rafael Núñez de Aza y al mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, valoradas cada una en más de 50 millones de pesos.

La audiencia, presidida por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, continuará el mañana jueves 24 de julio con la producción de más pruebas por parte del Ministerio Público, que hasta la fecha ha presentado 262 testigos y peritos, 755 pruebas documentales, 23 pruebas materiales y 88 informes periciales.

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