El estudio y reflexión sobre el panorama social de América Latina debe estar enfocado en tres grandes temas: 1) la desigualdad de ingresos de las personas, los hogares y su relación con la dinámica del mercado laboral; 2) la evolución de la pobreza y sus determinantes; y 3) los efectos de los sistemas de pensiones en la igualdad. Todo esto influye en el análisis de las dimensiones de la desigualdad social, el contexto demográfico, las trabas en el mercado laboral y su influencia en la cobertura y la calidad de las prestaciones de los sistemas de pensiones.

La edición titulada “Panorama Social de América Latina 2017”, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el mes de febrero, 2018, es una referencia idónea de la que podemos extraer importantes recomendaciones.

La seguridad social es considerada como la protección brindada a los ciudadanos mediante la gestión de políticas públicas que reduzcan las desventajas económicas y sociales, y la eliminación de las brechas de los ingresos por diferentes causas: enfermedad, maternidad o paternidad, accidentes de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte. Además, la seguridad social implica la asistencia médica y ayuda a familias con hijos.

En lo que concierne al sistema de pensiones, es evidente que son fundamentales para el pleno disfrute de los derechos y garantías de los ciudadanos que han agotado sus fuerzas por ser de edad muy avanzada, y, por supuesto, es un digno ejemplo de seguridad y protección social. Por lo que, dependiendo de la calidad de los ingresos o prestaciones se verificará la lucha contra la desigualdad y la pobreza, ya que, su correcta gestión implica otorgar a quienes durante su juventud contribuyeron al desarrollo de su pueblo para tener un envejecimiento digno.

A través de sistemas de pensiones dignas se puede lograr garantizar los medios suficientes para la vejez, la distribución equitativa durante toda la vida, la reducción de la pobreza y la desigualdad. Además, está relacionado con estrategias de desarrollo económico que contribuyen a la sostenibilidad fiscal de nuestros pueblos.

Son muchos los desafíos que enfrentan los países de América Latina para otorgar un sistema de pensiones digno, gestionado desde el enfoque de derechos. Entre las dificultades que podemos citar se encuentran: la débil capacidad contributiva de los ciudadanos durante su vida productiva, debido a las condiciones de un mercado laboral excluyente, de bajos ingresos; la deficiente capacidad fiscal; y en particular, el contexto demográfico en el que operan los sistemas trae consigo retos que afectan el sistema de pensiones, como por ejemplo, en el proceso de envejecimiento de la población se observa un aumento considerado entre personas mayores y la disminución del porcentaje de niños.

Esa realidad la encontramos en datos suministrados por la CEPAL: “A nivel regional, se estima que el número de personas de 60 años o más superará por primera vez el de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años cerca de 2036 y seguirá creciendo hasta 2080” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, “World Population Prospects: The 2017 Revisión, 2017, https://esa.un.org/unpd/wpp/); y es que, estamos pasando de una población joven a una población en proceso de envejecimiento. Esto quiere decir, y es una consideración personal, que los que hoy somos jóvenes, y muy específicamente los que se están en edades comprendidas entre los 25 a 35 años de edad serán la última generación que liderará los cambios y transformaciones desde la vigorosidad de la juventud, las próximas que vienen, serán líderes de muy avanzada edad.

Estos son aspectos que debemos considerar y tomar en cuenta para afrontar con una visión estratégica la lucha por el establecimiento de la universalidad de la cobertura y la igualdad en el sistema de pensiones.

Otro factor crítico que consideramos sobre del panorama social de América Latina para el establecimiento de la justicia social está relacionado con la desigualdad de los ingresos en el mercado laboral, lo cual limita el acceso y universalidad de pensiones dignas. Al final, esto se traduce en desigualdades, tanto para la afiliación en los sistemas de pensiones, como en la cobertura. Y es que, todo esto incide en la lucha contra la pobreza y las desigualdades, ya que va íntimamente ligado al trabajo y la productividad de nuestras naciones. O sea, no es solo un asunto de ingresos, es desarrollo social y económico.

El problema de la desigualdad y la elevada brecha en los ingresos afecta el desarrollo sostenible de los países de América Latina, limita la competitividad, lacera fuertemente la vida digna de nuestros envejecientes, hecha a un lado el sustento de las familias, y reduce el poder del Estado de dar respuestas a las demandas sociales de lucha contra la pobreza.

Se resalta que los niveles de pobreza y pensiones dignas están relacionados con ingresos y empleos bien remunerados. Existe una correlación directa entre remuneración y la seguridad del bienestar presente y futuro de los ciudadanos y sus familias. Esto quiere decir, que si los trabajadores reciben una remuneración baja que les impida salir de la pobreza y fijar aportes suficientes para su disfrute en la vejez, la lucha por la desigualdad se ve troncada. Sin dudas, hay una relación entre pobreza e ingresos por pensiones.

Debemos avanzar en propiciar reformas estructurales en el sistema de pensiones de los países de América Latina, pues hasta ahora, esas reformas solo se han enfocado en la transformación del diseño institucional del sistema de pensiones de reparto, por lo que, debemos mejorar la cobertura, la suficiencia de las prestaciones y la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones.

En definitiva, las reformas estructurales del panorama social de América Latina debe, entre otras cosas, consolidar el sistemas pensiones universales para hacerlos más solidarios en la lucha por la igualdad, y por supuesto, focalizar los esfuerzos en la reducción del desempleo y del empleo en sectores de baja productividad, el aumento de la participación laboral femenina y mejorar los ingresos laborales.