En los últimos años se aprecia la existencia de una estructura delictiva que afecta los intereses de la sociedad y del Estado.

Es una estructura conformada por simples malhechores e individuos a quienes el pueblo les ha conferido la autoridad y poder ante la cosa pública. En ocasiones se combinan  malhechores y  servidores del Estado para sacar beneficios mutuos. En unas reflexiones sobre la corrupción, el magistrado español Baltasar Garzón Real afirma que hay políticos, funcionarios públicos y hombres de capital y finanzas que ven al Estado como algo a lo que hay que sacarle el mayor provecho. Eso es lo que ha dado lugar a que los recursos del pueblo vayan a parar a paraísos fiscales y cuentas y patrimonios personales. Para esto se crea todo tipo de pretexto, forma o manera. Después de abusar del erario, se quiere, entonces, mantener la impunidad. De ahí que se busca hacer uso del mismo poder económico y del Estado para impedir cualquier averiguación o intención de llevar a la cárcel.

El juez Garzón Real dice que dentro de este contexto, atreverse a hurgar en la casa o archivos de un individuo de poder político o económico no es sólo un atrevimiento, sino una aberración, lo que le hace sentir el derecho de denostar, perseguir, amenazar, controlar y presionar a quien lo haga. Esto ha hecho que algunos jueces tiemblen o, peor aún, sucumban ante la tentación de una oferta jugosa.

 Ante esta terrible realidad, es vital la existencia de una justicia transparente, contundente, eficiente y real.

Garzón considera que la actuación del juez no es un acto heroico ni un suicidio, sino el desempeño de una profesión y un servicio que prometió ejercer con firmeza ante el pueblo.