El nuevo paquete impositivo y el aumento de la tarifa energética buscan evitar o por lo menos aplazar la explosión de un modelo económico que se tambalea por los persistentes déficits fiscales y de balanza de pagos, cuando se agota la pista del endeudamiento en que se ha sustentado el crecimiento de los últimos años, lo que hace fundamental rescatar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Incapaces de reducir gastos y malversaciones, los funcionarios han preferido pagar ahora el costo político para evitar un mayor deterioro y hasta una explosión de aquí a las elecciones de 2012, aunque ofenden la población al alegar que buscan invertir más en educación y al culpar al FMI por los tributos.

Gobierno en su laberinto.  El palo se veía venir después de tres años consecutivos con déficits fiscales que han sumado más de 160 mil millones de pesos y de la cuenta corriente de la balanza de pagos proyectado este año otra vez sobre 4 mil millones de dólares, agotándose la pista del endeudamiento en que se ha sustentado la estabilidad y el crecimiento económico de los últimos años.

Ya el Banco Central estimó sobre 16 mil millones de pesos el déficit fiscal en el primer trimestre de este año. Se proyectó en unos 65 mil millones de pesos. 

Desde enero el FMI dejó en suspenso el acuerdo de 2009 con el Gobierno dominicano que no pasó las últimas dos revisiones y reclamó una nueva carta de intención con las correspondientes correcciones para reducir el déficit fiscal disparado  por encima de los niveles tolerables.

Mientras se maniobraba para la repostulación del presidente Leonel Fernández se le dio larga al asunto, pero cuando resultó infranqueable el muro constitucional, el Gobierno empezó a poner atención a la crisis. Se reconoció que el subsidio a la electricidad duplicaría los 350 millones de dólares programados para este año, aunque comenzó enero con un incremento tarifario del 11%.

La prueba de que no era ese el único factor perturbador es que la elevación de la tarifa en otro 8% tampoco resulta suficiente para conjurar la crisis. Viene entonces el paquete impositivo que según el Gobierno busca 9 mil 500 millones de pesos adicionales, pero que economistas y opositores políticos estiman muy superior, 25 mil millones de pesos, según el Partido Revolucionario Dominicano.

El mayor gravamen, que por sí solo aportaría alrededor de 8 mil millones de pesos, es el 1% a los activos financieros. Se plantea también elevar los impuestos a los dividendos de las inversiones, a la propiedad inmobiliaria, al telecable, las bancas de apuestas y los juegos telefónicos y de Internet y a los premios y ganancias en cualquier tipo de lotería.

Irritación generalizada.  Tal como se temía la irritación ante el alza tarifaria e impositiva es generalizada, incluyendo opositores y aliados políticos y los más diversos sectores sociales, empresariales, sindicales, y en la opinión pública que cuestionan el nivel y la calidad del gasto de un gobierno que se benefició de 4 reformas tributarias realizadas en el período 2004-07 y de créditos que triplicaron el presupuesto de 89 mil millones de pesos en el 2003 a 267 mil millones en el 2007, año en que tuvo un excedente de recaudaciones de 11 mil millones de pesos. El economista Carlos Despradel estimó que entre el 2004 y 2007 el gasto gubernamental se incrementó en 131%, con una inflación acumulada de 59%, para un crecimiento real del 72%.

Se le cuestiona al Gobierno que nunca ajusta el gasto corriente que crece sin freno hasta en medio de la crisis fiscal (los gastos de personal crecieron en 11.5%  en el primer trimestre según  el economista Nelson Suárez) y los niveles de dispendio y corrupción que han colocado el país como campeón mundial en favoritismo de los funcionarios públicos, en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, que incluye 139 naciones.

También en la posición 138 en “despilfarro en el gasto gubernamental”, y en la 134 en “desvío de los fondos públicos”. Mientras está en el escalón 133 en calidad de la educación.

Ya el Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la nación señaló la racionalización del gasto público y el desarrollo institucional como iniciativa fundamental para el Gobierno recobrar la confianza de la población.

Planteó controles sobre el patrimonio de los funcionarios, eliminación de barrilitos, subsidios y nominillas, así como limitar por ley el número y tamaño de los ministerios, de los viceministros, de las delegaciones diplomáticas y consulares y de las entidades gubernamentales en general. Pero el Presidente ha seguido designando paquetes de embajadores, vicecónsules y subsecretarios.

 La anterior reforma tributaria fue acompañada de una ley de austeridad para el año 2007 que buscaba reducir el gasto corriente en 20%, lo que no se cumplió y terminó elevándose en 16%. El 17 de marzo pasado el presidente Fernández anunció un programa de austeridad para enfrentar el alza de los precios del petróleo y los alimentos, que incluía una reducción del 12% en el gasto del gobierno, exceptuando educación y salud, y un ahorro energético de al menos 10%. Su cumplimiento generaría este año más de los 9 mil 500 millones de pesos del paquete.

Un palo acechado.  Hasta la semana pasada los altos funcionarios del Gobierno seguían negando la posibilidad de mayores impuestos y atacaban a los dirigentes perredeístas que los denunciaban como inminentes.

Reconocían que ningún sector social estaba en condiciones de aceptarlo sumisamente. Y esta vez no fue precedido de consulta con los sectores productivos, como ocurrió a finales de 2005 y 2006, de lo que se quejó ahora la presidenta de la Asociación de Industrias, Ligia Bonetti.

Dos factores adicionales han contribuido al rechazo del paquete impositivo: que el Presidente adujera que buscaba “atender el ardoroso clamor social” que reclama mayor inversión en educación, lo que no asoma por ningún lado en el proyecto de ley, y que se pretenda echar la culpa al FMI, sin reconocer el exceso de gasto y ni siquiera volver a prometer combatir el dispendio y la corrupción.

Sólo el dispendio y la malversación, sino la corrupción,  pueden explicar que la cárcel recién inaugurada en Higüey costara 1,200 millones de pesos, cinco veces el valor de una similar construida por la Procuraduría General en Moca, abierta el año pasado, y que un estacionamiento de vehículos en la Universidad Autónoma, saliera por  mil millones de pesos sin tener que comprar el terreno.

Muy pocos están dispuestos a criticar el incremento de impuestos a las bancas de  apuestas, pero sí al resto  considerados inflacionarios cuando ya la inflación se proyecta en dos dígitos para este año. El sector empresarial resistirá por los problemas estructurales y de competitividad que enfrenta, particularmente el industrial, y por los incrementos del costo de la electricidad, de los combustibles y el transporte, del salario y la seguridad social, y por las repercusiones en las tasas de interés bancarias.  

Palo si bogas y palo si no bogas.  No han faltado quienes atribuyan el paquete tributario a un supuesto interés en perjudicar a Danilo Medina el virtual candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Sin duda que la sola propuesta y aprobación tendrán costo político cuya dimensión será proporcional a los efectos secundarios de las medidas.

Pero el Gobierno se encontraba en una disyuntiva que en cualquier caso tendría consecuencias de dimensiones impredecibles si mantenía congelado el acuerdo con el FMI, porque el presupuesto de este año se volvería inmanejable y podría desestabilizarse la economía más cerca de las elecciones, con repercusiones catastróficas en términos electorales. El jefe de la misión del FMI, Alejandro Santos dijo el jueves que sin nuevos impuestos es difícil seguir adelante con la implementación del presupuesto de este año, y “se tendría que hacer un ajuste, incluso mayor, lo que empieza a ser bastante preocupante”.

 Del acuerdo con el FMI depende que antes de marzo de 2012 se reciban unos mil 200 millones de dólares, equivalentes a unos 45 mil 200 millones de pesos, directamente de ese organismo o en financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial.

Esos créditos forman parte del presupuesto nacional de este año, lo mismo que la colocación de 500 millones de dólares en bonos soberanos, que se dificultaría sin el aval del Fondo Monetario.  El presupuesto de 2011 depende de un financiamiento externo e interno de 96 mil millones de pesos. El de 2010 implicó 120 mil millones.

En término de divisas esos 1,700 millones de dólares pueden ser decisivos para mantener una relativa estabilidad cambiaria (con el peso ya a 38 por dólar), dadas las presiones que tiene la cuenta corriente de la balanza de pagos, con un costo del petróleo y los alimentos que agrava el desequilibrio externo de la economía nacional, que este año generaría un déficit sobre los 4 mil millones de dólares, cercano al de 2008.  

Con o sin paquete y más allá de la crisis internacional, el Gobierno es responsable y pagará el costo político del derroche que se inició en la campaña reeleccionista de 2008, con un festival de gastos y subsidios, y que se extendió por las elecciones de 2010, cuando los déficits fiscales batieron récords, pese a que en el 2009 el acuerdo con el FMI aportó dinero para gastar a manos llenas.   El mismo Danilo Medina y algunos de sus voceros congresionales han reconocido el costo político del paquete fiscal, del cual buscarán distanciarse para reducir su impacto, aunque no tanto como para ofender la susceptibilidad del sector hegemónico del Gobierno.