HAMLET HERMAN
En los meses recientes, más de diez empleados de la editora de este periódico Hoy han sido víctimas de atracos en las proximidades de sus instalaciones. Una noticia semejante generada en Irak o en Afganistán no llamaría mucho la atención. Pero en República Dominicana, globalizada y supuestamente civilizada, donde se cumple al pie de la letra con todas las recomendaciones del Fondo Monetario

Internacional, esto no debía suceder. Digo, si fueran ciertos los espejismos democráticos que se plantean a diario en los espacios pagados de los medios de comunicación.

Lo más interesante de esta cadena de acontecimientos delictuales es que ha durado varios meses. Mientras, las autoridades bien gracias. Los atracos siguen tan campantes como Johnny Walker. Nadie discute que un asalto puede ocurrir en cualquier lugar en cualquier momento. Las casualidades pueden suceder hasta en las mejores familias de Gazcue, como se decía antes de que esa zona se arrabalizara.

El segundo atraco en corto plazo alrededor del mismo lugar debió llamar la atención de las autoridades policiales.

Para que un rayo caiga dos veces en el mismo sitio tienen que darse condiciones meteorológicas extraordinarias y que mucha mala suerte ronde el área. No obstante, podría ser una coincidencia admisible el que delincuentes hayan creído que por esa zona la posibilidad de nadar y guardar la ropa fuera alta.

Pero que ocurran tres, cuatro, cinco y hasta más de diez asaltos en las inmediaciones de tres de los más importantes periódicos del país y contra sus empleados, no tiene explicación que los justifiquen. Para que los rayos caigan una y otra vez en el mismo sitio es condición necesaria que haya un pararrayos, una varilla metálica y puntiaguda que sirva como conductor de manera que la chispa surja de la tierra a encontrarse con las nubes cargadas de electricidad positiva. Vale decir, un facilitador de ese arco voltaico que destruye cuanto encuentra a su paso. En el caso que nos ocupa, el pararrayos está constituido por una empresa que orienta a centenares de miles de personas que confían en la veracidad de sus informaciones y opiniones.

Ante tanta impunidad fruto de la negligencia oficial, el razonamiento lógico se pregunta: ¿por qué es la editora Hoy el pararrayos de cuanto atraco ocurre en la zona? Si un hecho tiene lugar una vez es casualidad, dos veces es coincidencia, pero más de diez veces en corto tiempo parecen ser hechos premeditados con asechanza y alevosía.

¿Habrá motivo para pensar en un hostigamiento intimidante contra esos medios? ¿A quién beneficiaría limitar la libertad de expresión? Puede llegarse a pensar así porque la Policía Nacional no ha hecho ni lo suficiente, ni lo necesario para frenar estos delitos en serie. ¿O quizás pudiera ser tildado de impaciente todo aquel que piense que desde mucho tiempo atrás la Policía debió haber montado una vigilancia permanente y un operativo de inteligencia para descubrir los fines buscados por quienes no parecen tener sentido del límite? ¿O a las autoridades realmente les interesa que el hostigamiento siga como hasta ahora?

La indiferencia oficial lleva en sí la agravante de que algún mal pensado pudiera llegar a creer que uno de los grupos de poder trata de intimidar a los medios escritos del Grupo Corripio para que modifique algunos de los puntos de vista y las opiniones de sus páginas. Convoca a esta línea de pensamiento la impunidad y el descaro con que cada semana resulta atracado un empleado de esas empresas. Lo único que tienen en común los asaltados de esa zona es que trabajan en la misma empresa y, por lo tanto, tienen horarios pre establecidos y fáciles de detectar. Agravante por demás ya que las avenidas San Martín, Máximo Gómez y Ortega y Gasset son de las más transitadas de toda la nación dominicana.

Digna de alabar es la paciencia y la conformidad con que los ejecutivos del Grupo Corripio han tomado las cosas.

Alguien dijo que la empresa debía hacerse cargo de la protección de sus empleados. Pero locos estarían si trataran de asumir las funciones ineludibles del Estado dominicano de garantizar la seguridad ciudadana porque para eso pagan enorme cantidad de impuestos. Pero tampoco pueden flagelarse y callar ante tantos relámpagos y rayos delictivos que sobre esa empresa caen.

¿Asumirá el gobierno dominicano, llámese Policía Nacional o como sea, la responsabilidad a la que lo obligan las leyes de proteger la libre expresión del pensamiento? ¿O nos conformaremos con admitir que tenemos leyes pero no hay autoridad que las haga cumplir?