El ruido de sables en preludio de nuevas y perjudiciales paralizaciones en las atenciones que reciben los afiliados a las Aseguradoras de Riesgos de Salud retan al Estado, más que al liderazgo de Sistema de la Seguridad Social, a tomar decisiones más allá del insuficiente papel de mediador en medio de un enfrentamiento entre los médicos colegiados y los entes privados que los contratan. Son empresas atadas a metas de lucro y a reglas del juego que evidentemente no garantizan la costeabilidad para mejorar honorarios ni para llevar las coberturas a los niveles que reclaman los tiempos en que los medicamentos y procedimientos de excelencias y eficacia son de adquisiciones prohibitivas.

Mucha gente pobre y de clase media reducidas en su capacidad de sanar. Justo y de lugar es el reclamo de que el Estado pase, en nombre de la sociedad a que se debe, a sentirse hondamente perjudicado por las falencias y actuar en consecuencia. Si se han de conciliar posiciones para una puesta en orden de la Seguridad Social, el rol de intermediario debe pasar a alguna autoridad eclesial o al Defensor del Pueblo de reconocida aceptación. Toca al Gobierno garantizar la suficiencia de recursos dando de sí e impulsar, con la sartén por el mango, las reformas institucionales que aumenten los recaudos anulando evasiones y elusiones. Existen en carpetas recomendaciones técnicas para sobrepasar el abismo que tiene alejada a la Seguridad Social de un óptimo funcionamiento.