El empresariado dominicano y la sociedad civil están preocupados por el espectacular aumento de la deuda pública y sobre todo, por el destino que pudieran dársele a esos recursos. Sin embargo, algunos piensan que estas preocupaciones son bobadas porque la República Dominicana es uno de los países menos endeudados en la región latinoamericana considerando la relación deuda pública/producto interno bruto (PIB) y porque, además, el problema de la deuda pública lo creó la pasada administración perredeísta.

Afirmar que el endeudamiento público no es motivo de preocupación carece de racionalidad, al menos económica. El sobre endeudamiento o no de un gobierno, se mide por su capacidad de pago y no a través de comparaciones de indicadores de deuda entre países. Resulta útil recordar que bajo este mismo razonamiento, se sobre-endeudó al país durante el período 2000-04, situación que fue acremente criticada por actuales funcionarios públicos.

El propósito de este artículo consiste en demostrar la insostenibilidad del patrón de endeudamiento público de la presente administración, fundamentando esta afirmación en varios indicadores que revelan la capacidad de pago del gobierno.

En primer lugar, el endeudamiento público potencial, a raíz de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), podría ser de US$5,400 millones en los próximos veinte y ocho meses. El actual stock de deuda pública, según informaciones del Banco Central (BC), es de US$11,435.4 millones y, si al concluir el acuerdo con el FMI, se toma todo el crédito previsto, el stock de deuda se incrementaría en 47.2%. Este cambio porcentual del stock de deuda sería 18.8 veces superior al crecimiento del PIB previsto en el acuerdo con el FMI, que es de 2.5% utilizando el extremo superior del intervalo de estimación de ese organismo. Para que el crecimiento económico sea sostenible en el tiempo, la tasa de crecimiento de la deuda pública debería ser igual a la tasa de crecimiento del PIB, si la economía creciese a la tasa de equilibrio de largo plazo. Pero éste no es el caso de la economía dominicana, por el contrario la deuda crece más a prisa que el PIB.

Ese monto de deuda pública, como sugieren algunos funcionarios públicos, no incluye el déficit cuasi-fiscal del BC (US$547.4 millones en el 2009), en cuyo caso la deuda pública totalizaría US$11,982.8 millones para el 2009, es decir 5% mayor. Lo que proviene de considerar una tasa de interés promedio de 10% sobre el stock de certificados (RD$197,560 millones, que representa el doble del stock de certificados que la presente administración encontró), generando pago de intereses de RD$19,756 millones que, a una tasa de cambio de RD$36.09 por dólar americano resulta el monto de déficit cuasi-fiscal previamente mencionado.

Cabe destacar que en 1996 el servicio de la deuda pública respecto de los ingresos tributarios era de un 8%, por lo que en ese año el gobierno utilizó ocho centavos de cada peso que ingresó para pagar el servicio de la deuda pública. En el 2008, en cambio, se utilizaron 34 centavos de cada peso de los impuestos que se destinaron a ese servicio, excluyendo el incremento adicional en este indicador debido a los nuevos endeudamientos y a los atrasos incurridos en esta administración.

Si se consideran además, las cargas fijas del gobierno central que resultan de leyes que especializan cierta proporción de los ingresos tributarios, el gasto corriente vinculado al crecimiento de la nómina, la propaganda política y los subsidios clientelares (revestidos de asistencia social), fácilmente se puede concluir que la política de inversión pública (construcciones) se financia con el residuo luego de cubrir las necesidades políticas del gobierno. Endeudarse más para crecer no tiene sentido cuando una sensible proporción de los ingresos tributarios (34%) se paga a los acreedores internacionales y locales.

La capacidad de pago de la deuda pública de una nación depende asimismo del ahorro del sector público (que resulta de la diferencia entre los ingresos y el consumo públicos), pero éste ha sido negativo, especialmente en los últimos años, ya que los tributos han sido más pequeños que sus gastos.

El gobierno presentó déficits de caja trimestrales a partir de la conclusión del acuerdo con el FMI, induciendo al gobierno a financiarse con atrasos en sus compromisos de deuda. En sus cuentas se reflejan atrasos con suplidores (i.e. la CDEE, según declaraciones de su vice-presidente ejecutivo, tiene una deuda acumulada con suplidores de US$1,200 millones), el incremento del endeudamiento interno con la banca comercial y sus atrasos y la emisión de bonos para pagar atrasos de deuda administrativa. La Secretaría de Hacienda estima para final de este año un déficit de alrededor de US$1,246 millones y US$1,324 millones para el 2010 (considerando un tipo de cambio de RD$36.09), es decir los ingresos tributarios no alcanzaron ni alcanzarán para cubrir el consumo público para terminar el 2009 ni tampoco durante el 2010.

Como el gobierno no ahorra, entonces corresponde al ahorro privado y al ahorro externo constituirse en los pilares de la sostenibilidad del actual patrón de endeudamiento público. No obstante se sabe, que el país registra déficits en la cuenta corriente de la balanza de pagos que, en los últimos años, ha superado los US$1,000 millones, de manera que tampoco disponemos de ahorro externo. Por tanto, queda claro, que somos los contribuyentes quienes pagaremos el servicio de la deuda pública.

Las economías son dinámicas en el tiempo y no detienen su curso en la euforia del endeudamiento excesivo que preludia el triunfo electoral del 2010. El desconocimiento de la dinámica económica conduce a algunos funcionarios a afirmar que se puede crecer endeudándose. A partir de esta afirmación, no se puede responder razonablemente a la pregunta ¿por qué durante la década de los ochentas el conjunto de las economías latinoamericanas que llegaron a tener un patrón de endeudamiento exagerado no crecieron sosteniblemente? Fue, precisamente, esta situación la que provocó la revuelta neoliberal en Washington, luego que se registrase una de las crisis económicas y sociales más severas en la historia económica de la región dando lugar a una cesación de pagos. Sin contar con las limitaciones que impone al crecimiento económico la reducida absorción interna.

Jugando con esta bobada, se podría responder que el crecimiento económico se estancó y retrocedió cuando llegó el momento de pagar el servicio de la deuda pública y sobrevino la declaración de moratoria y el FMI, menos keynesiano que hoy, exigió el pago a los países felizmente endeudados. Como resultado de la reducida absorción de los beneficios del crecimiento económico, América Latina en aquel momento se empobreció, aumentó el desempleo, la inflación fue sustancialmente elevada, se registraron sucesivos déficits en la cuenta corriente y hubo una fuga importante de capitales.

La presente administración está gastando hoy lo que no tiene (aumentando el endeudamiento público) y mañana tendrá que recoger más dinero de los contribuyentes (porque no tiene ingresos suficientes y no puede endeudarse más) para pagar la deuda pública; con lo cual reducirá el ingreso disponible (de mañana), caerá el consumo y la demanda agregada (mañana), disminuyendo el crecimiento económico futuro. Este estancamiento reducirá los ingresos tributarios, limitando la capacidad de pago de la economía. Si esta administración no tuvo adelantos significativos en la mejoría de la distribución del ingreso ni en la reducción de la pobreza durante la bonanza del 2005-2008, no puede esperarse que lo logre durante la actual crisis económica. Pero los funcionarios que razonan en el marco de la euforia del crecimiento de corto plazo que produce la deuda pública, se regocijan parafraseando sin sentido al maestro: en el largo plazo todos estaremos muertos, pero los muertos llevaremos el sello distintivo de la causa de nuestra desgracia: el endeudamiento público.

Las claves

1. Cómo se mide

El sobre endeudamiento o no de un gobierno, se mide por su capacidad de pago y no a través de comparaciones de indicadores de deuda entre países.

2. Capacidad de pago