Por: Alfredo De la Cruz

El poder nacional, es la fuerza social por medio de la cual interactúan los diferentes campos (político, económico, social y militar) que conforman la dinámica de una comunidad humana civilizada. De ahí que la esencia de la política sea el poder y la esencia del poder, la política. Por ello, cuando en una sociedad el poder se torna disperso, diseminado y corrompido, el resultado es caos y anarquía.

Uno de los más dramáticos escenarios de esta quiebra moral de la esencia del poder en la sociedad, tiene que ver con la corrupción del poder político tradicional que ha reglado (más o menos bien) la existencia de la nación a través de casi 200 años de vida independiente.

En efecto, la denuncia formulada estos días de que una serie de figuras ligadas al narcotráfico, pertenecen o están relacionadas con las filas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y que uno de estos, el señor Yamil Abreu Navarro, pedido en extradición por el Tribunal del Distrito Este de New York, señalado como cabecilla de una red con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, era un gran financista de dicho partido, es un hecho altamente preocupante en cuanto al deterioro del quehacer político doméstico y la amenaza que esto representa para el futuro de la democracia en nuestro país.

La infiltración cada vez mayor de la narcopolítica en Latinoamérica, a la vez que mina la credibilidad de las instituciones básicas del sistema democrático, puede poner en peligro la estabilidad del propio sistema. Además de las repercusiones negativas en la vida política nacional (financiamiento de partidos políticos, congresistas y campañas electorales) los narcodólares o dineros de las drogas, pueden permear con sus tentáculos de corrupción a instituciones como la justicia, la policía y las mismas fuerzas armadas, conformando una terrible amenaza para la seguridad nacional.

Los estudiosos de estos temas habían descrito la narcodemocracia como la relación siniestra entre narcodólares y política a través de redes de enlaces subterráneos tejidos a lo largo del tiempo y alimentada por la corrupción y el desmesurado apetito de poder. Sin embargo, la narcodemocracia es una triste realidad que en la actualidad supera la anterior descripción, en muchos países de nuestra región.

El terremoto político desatado en República Dominicana, que tiene entre la espada y la pared al candidato presidencial y al senador y presidente del PRM, no es exclusivo de este país. Los rumores por los sobornos millonarios del líder del cartel de Sinaloa, al entonces presidente de México Enrique Pena Nieto; los escándalos en Honduras que señalan a Antonio (Tony) Hernández y salpican a su hermano, el presidente de ese país Juan Orlando Hernández y al expresidente Porfirio Lobo, entre otros casos, muestran la gravedad política de esta problemática.

Las tormentas políticas que agitan a diversos países latinoamericanos como consecuencia de la narcopolítica, aunada a los casos de corrupción política, agravan peligrosamente la desilusión de la gente con la política, contribuyendo al incremento de la apatía y del abstencionismo, lo que se traduce en un sentimiento de frustración democrática. Estos factores constituyen auténticas estocadas a la democracia que, si no son neutralizadas a tiempo, podrían comprometer seriamente la existencia misma del sistema.

Lo anterior está estrechamente ligado con el tema del financiamiento de los partidos políticos y de sus campañas electorales. En la medida que las campañas electorales se han ido convirtiendo en una especie de espectáculos, dominadas por la mercadotecnia, con la necesidad de fuertes inversiones de dinero en los medios de comunicación masiva, las sumas requeridas son extraordinarias. En pleno desarrollo de la campaña y cuando el dinero escasea, la tentación de hacer de la vista gorda y negociar hasta con el mismo diablo están a la orden del día.

Para completar el cuadro, la ausencia de un adecuado sistema de regulación y control en materia del financiamiento, tanto para los partidos políticos como para las campañas electorales, ya que las legislaciones presentan grandes agujeros por los cuales es posible el ingreso de los narcodólares, no obligan a la necesidad de una adecuada rendición de cuentas acerca del manejo de los fondos.

Entrarle seriamente al tema del financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales con la finalidad de reducir la influencia del dinero en la política y eliminar la penetración del dinero de la droga, es prioritario para la salud de nuestras democracias. Pecar de irresponsables es un error culposo que ninguna clase política de buena fe se puede permitir. De ahí que hay que tener mucho cuidado con el peligro que representa el narcocambio.