El peor remedio

Claudio Acosta

El primero en dar la voz de alarma sobre las negativas consecuencias de aprobar, tal y como está redactado, el proyecto de ley sobre Control de Armas de Fuego, fue el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, quien como respuesta a su preocupación recibió la descalificación del presidente de la comisión de Defensa del Senado, Carlos Castillo, quien le echó en cara que en sus tiempos de legislador nunca hizo lo que debía para que esa iniciativa, que tiene ya diez años dando tumbos en el Congreso Nacional, fuera aprobada. Sea o no cierta la afirmación del representante de San José de Ocoa, las objeciones y críticas de Domínguez Brito a ese proyecto de ley, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, han servido para airear su contenido, que precisamente al hacerse de conocimiento público ha encontrado nuevos críticos y opositores. Uno de ellos es el reconocido patólogo Sergio Sarita Valdez, quien ayer advirtió que el país debe prepararse para ser testigo de masacres similares a las que se producen a cada rato en Estados Unidos, al considerar “una locura” que nuestros congresistas estén promoviendo una legislación que permitiría a la población civil adquirir armas de grueso calibre. El doctor Sarita Valdez cree, al igual que el Procurador General de la República, que lo que realmente procede es promover el desarme de la población civil como una manera de contener la gran cantidad de muertes por armas de fuego que se producen en la violenta sociedad dominicana de hoy. Permitir que los ciudadanos puedan adquirir en una tienda, como en Estados Unidos, un fusil automático o cualquier otra arma de grueso calibre no es la mejor manera de protegerlos de los delincuentes o de la llamada “violencia social”, y eso parece tan obvio que sorprende que nuestros legisladores no tengan los necesarios dos dedos de frente que requiere el sentido común para darse cuenta.