A dos meses de la destitución de los jueces de la Cámara de Cuentas, los funcionarios y empleados de esa institución permanecen  en el “limbo”.

La incertidumbre que caracteriza a los empleados de las instituciones públicas cuando se avecinan cambios de funcionarios, es muy bien disimulada en la Cámara de Cuentas, donde todos parecen haber llegado a un acuerdo táctico para decir que allí todo está bien, y que no temen nada.

Sin embargo, nadie se atreve a ofrecer declaraciones públicas para  la prensa.

Y es que, según revelaron a HOY funcionarios que pidieron reservas de sus nombres, desde el Senado se les ha hecho una advertencia:  “el que hable o busque protagonismo, va a tener problemas”.

Los empleados más optimistas son los de menor rango, y todo porque entienden que a los únicos que cancelarán cuando lleguen los nuevos miembros de la Cámara, será a los funcionarios.

“Leonel Fernández sabe hacer sus cosas; ellos (el Gobierno) van a poner a su gente aquí”, dijo un empleado que se definió como peledeísta.

Otros manifestaron que lo único que esperan es que el presidente de la República recomiende para jueces de la Cámara de Cuentas “personas que sean decentes”.

Preparan Presupuesto. Aunque todo cuanto  se haga en el organismo deberá contar con la aprobación del pleno,  se informó que los distintos departamentos de la Cámara de Cuentas trabajan en la elaboración del proyecto de presupuesto que deberá someter esa institución a la Dirección Nacional de Presupuesto, a más tardar en octubre.

La Cámara de Cuentas tiene un total de 813 empleados, distribuidos en su sede central, y en las oficinas regionales que tiene en Santiago, Azua y La Romana. Se encuentra acéfala desde el mes de julio.

Antecedentes

Destitución de jueces
El conflicto que culminó con la destitución de 8 de los 9 jueces de la Cámara de Cuentas, y la renuncia de uno, surgió a raíz de que 7 de ellos emitieran un documento acusando a su presidente, Andrés  Terrero, de una serie de supuestas irregularidades, lo que motivó que a solicitud de la Cámara de Diputados, todos fueran sometidos a un juicio político en el Senado, institución encargada de su designación.