Motines, secuestros y hasta asesinatos, son algunos de los crímenes registrados en el interior del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, en La Vega, en los últimos años, representando un desafía para las autoridades penitenciarias.

El caso más reciente ha sido la muerte de un reo el pasado mes de enero, supuestamente envenenado por uno de sus compañeros, crimen por el que guardan un año de prisión preventiva el supervisor del centro penitenciario Delvis Johnson Minaya Rodríguez y el interno José Francisco Hiciano Moya.

Según la denuncia del Ministerio Público, el exconvicto Alejandro Vidal murió por la ingesta de un jugo verde envenenado, que habría sido suministrado por Hiciano Moya, con la complicidad de Minaya Rodríguez.

La nota del Ministerio Público indica que en el momento en que Hiciano le entregó el jugo verde con la sustancia tóxica al interno fallecido, Minaya Rodríguez se encontraba de turno como supervisor penitenciario del CCR, facilitando al primero la entrada al área de máxima seguridad para que este entregara el alimento contaminado, a pesar de la prohibición expresa de la entrega de alimentos, sin la debida documentación fotográfica del proceso alimenticio, como parte de las medidas especiales de cuidado de Vidal, debido a amenazas previas de muerte. 

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Según se ha establecido en el transcurso de las investigaciones el hecho ocurrió por una lucha por el control de territorio y cárceles para el microtráfico y forma parte de un presunto complot para terminar con su vida, liderado por Joel Ambiorix Pimentel García, alias la Jota quien se encuentra prófugo y quién es buscado por las autoridades, tras supuestamente amenazar de muerte a la procuradora Miriam Germán Brito.

Pero este no ha sido el único caso en el que un interno pierde la vida en el referido centro penitenciario, ya que en abril del 2022, el prisionero Jorge Miguel Villafaña, alias Bombo murió al recibir varias estocadas en el interior de su celda.

En junio de ese mismo año, un grupo de reclusos secuestraron un agente penitenciario exigiendo ser removidos del área de reflexión, por lo que ataron al oficial y lo grababan, video que difundieron alegando que “estaban cansados de los abusos”.

En otro de los casos más sonoros, Juan Carlos Paredes, un reo del recinto penitenciario, logró burlar la seguridad y escaparse del centro, donde cumplía una condena.

Pese a que fue apresado al día siguiente, su fuga puso en tela de juicio la seguridad de la cárcel, por lo fácil que le fue burlar los controles de seguridad.

Para defensores de los Derechos Humanos como Alberto Díaz, esto es “crónica de una muerte anunciada”, que ha incluido un motín ocurrido alrededor de tres años, en el que varios reclusos resultaron heridos de bala.

Para el presidente de la Organización Internacional de los Derechos Humanos (OIDH), esto es producto del “hacinamiento que viven los reos en nuestro país”, lo que a su entender, solo se resolverá cuando todas las cárceles del país pasen a ser del nuevo modelo penitenciario.

“Hay que construir cárceles modelos, que permitan que los reos puedan cumplir sus condenas de manera digna y con las normativas que prohíban la promiscuidad y que manos exteriores tengan participación a lo interno”, refirió el dirigente, en referencia a la muerte atribuida al recluso muerto en enero pasado.

En menos de dos años, el centro ha sido intervenido en dos ocasiones, decomisándose decenas de armas blancas, así como equipos electrónicos y drogas, por lo que se sectores exigen poner mano dura con en el recinto.