El PLD sigue insistiendo, a través de su vocero en el Senado de la República, en demandar la renuncia del presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez Sánchez, debido a “la crisis de inmoralidad” por la que atraviesa la institución. Pero el senador Yván Lorenzo sabe mejor que nadie, y lo sabe también su partido, que a pesar de la impostada alharaca su cruzada moralizante no va a prosperar en la Cámara Alta, como quedó evidenciado en la sesión del pasado jueves.

Mucho menos después de que se hiciera evidente ante la opinión pública cuáles son las razones detrás del interés del partido morado, al que se sumó casi de manera automática la Fuerza del Pueblo, en destruir la credibilidad del órgano fiscalizador de los recursos públicos, y ya hasta se habla de las auditorías que se quiere evitar, a cualquier precio, que sean publicadas.

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Es por eso que acabamos de ver cómo se ha puesto en marcha lo que podría muy bien denominarse como el Plan B, que no es otro que la amenaza –via intimación a través de un alguacil del Tribunal Superior Administrativo– de la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom) de paralizar los tribunales si en el presupuesto del 2023 el presidente Luis Abinader no asigna mayores recursos a la Procuraduría General, con los que podría cubrir las reivindicaciones laborales pendientes de los fiscales, entre ellas un plan de retiro, pensiones y jubilaciones, entre otras.

Por suerte Miriam Germán Brito les cogió la seña y se dio cuenta de cuál es el verdadero propósito detrás de su intimación, que calificó de “inoportuna, imprudente e injusta”: sembrar la anarquía, olvidando, como señala la funcionaria, que la justicia es un servicio público que no debe ser paralizado.

Así de lejos están dispuestos a llegar los beneficiarios de la corrupción y su hermana siamesa la impunidad, acciones que por su carácter extremo indican que están desesperados. Y la desesperación, como acaba de volver a demostrarse, es muy mala consejera.