Los insaciables explotadores del sistema eléctrico más abusivo del planeta han montado un escenario teatral con apoyo de la agencia ingerencista, A.I.D. para decirle al pueblo que el sistema de privatización no sólo no ha fracasado sino que debe ser completado, cediéndoles todos los demás activos eléctricos que aún pertenecen al Estado, incluyendo las distribuidoras Edenorte y Edesur, recién adquiridas de Unión Fenosa.

Estos farsantes no se molestan siquiera en reparar en que con la privatización, el precio de la electricidad se ha más que duplicado, haciéndose incosteable; que los apagones han aumentado y ocurren no ya por averías sino como medio de extorsión y represión y que los pagos de consumo y subsidios del Gobierno también se han triplicado. Ninguno de esos problemas disminuiría con la privatización total sino que a la inversa, tanto el Estado como las empresas y las familias dominicanas, quedarían expuestos a una mayor explotación e indefensión ante el oligopolio eléctrico.

Luego, esté claro que sería otro error ceder a la pretensión monopolista de las voraces empresas eléctricas y que en cambio, lo que procede es aumentar la capacidad del Estado en generación y distribución para que, operada con eficiencia, sirva de parámetro tarifario y de rentabilidad a las empresas privadas, reduciendo su abusiva explotación y mejorando su deficiente servicio público.

Reitero, pues, mi recomendación de que el gobierno mantenga su control sobre Edenorte y Edesur, se apodere de sus plantas en Palamara y La Vega, recupere las plantas no pagadas de Itabo y Haina y adquiera Cogentrix, invirtiendo en mejorar la eficiencia de las hidroeléctricas en un 30%. Esto nos permitirá cubrirla demanda hasta 1,400 megavatios, garantizando un servicio público que solo con el Estado como principal generador, y distribuidor podría ser confiable y barato.

Sobre Edenorte y Edesur, debo recordar que Unión Fenosa nunca hizo al Estado Dominicano los aportes de capital a que se obligó a cambio de los activos eléctricos del Estado que recibieron. A cambio de ello, el Estado se obligó a pagarles una enorme compensación de US$700 millones en 12 años, aunque los pagareses suscritos por el secretario Calderón no son soberanos ni obligan al Estado al no haber sido aprobada la operación por el Congreso. Además, las plantas de Palamara y La Vega ingresaron al país consignadas a la CDE sin pagar impuestos y fueron adquiridas con financiamiento del BID, garantizado por el Estado por lo cual el Estado tiene derecho a incautarlas y asumir el pago al BID.