Los administradores de las siglas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) no estaban preparados para recibir dos sentencias del Tribunal Superior Electoral que los obligara al restablecimiento de la ruta democrática con la celebración de una convención abierta y la anulación de una sanción disciplinaria capaz de evidenciar miedo a competir e incapacidad para debatir ideas. Están desajustados, y allanarán todas las vías posibles en el retardo de validar categorías directivas. De paso, creen que las argucias y marrullerías pueden mantenerlos al frente de una organización diezmada en el interés electoral de los ciudadanos como resultado de una catastrófica gestión institucional.
El trasfondo de los comportamientos antidemocráticos se asocia al riesgo de perder el control de una estructura partidaria que sirve de tinglado a negocios inimaginables. Y es que en los últimos años, la ausencia del PRD del gran debate nacional y la incapacidad de articular propuestas que se vinculen a la agenda de amplísimos núcleos de la nación responden a priorizar prácticas divorciadas del servicio a la gente y la defensa de los sectores populares que sirvieron de colchón electoral.
La gestión de Miguel Vargas Maldonado retrata una organización sin vínculos reales con los sectores populares. Por eso, en la medida que tiene que someterse al escrutinio de las bases perredeístas por mandato de una sentencia del TSE, activa sus visitas a la disminuida dirigencia y pone a operar todos los circuitos comunicacionales afín a sus intereses porque para él, el PRD es su único mecanismo de validación en una sociedad que lo detesta y pone de manifiesto constantemente altísimos porcentajes de rechazo a su conducta política.
El plan es intentar robarse la jefatura del partido. Y en la consecución de ese objetivo diseña tácticas para retardar la celebración de la convención interna, aspira a imposibilitar una apertura del padrón, cree que las nóminas bajo el control de sus seguidores servirán de respaldo a su aspiración, intentará comprar a dirigentes asociados en la corriente por Rescate del PRD y anhela que el oficialismo le ayude con votos prestados. Adiciona a los obstáculos que tiene ante la competencia democrática, amarres y combinaciones alrededor del Tribunal Constitucional (TC) de tanta aberración, como sus constantes visitas al edificio Valentina 4, ubicado en la avenida Enriquillo.
Nadie que acompañe la propuesta del administrador de las siglas del PRD puede defender con sinceridad su desempeño partidario. En cualquier país, más de ocho años de gestión y una reducción significativa en el favor electoral conducen a la renuncia pura y simple. No obstante, los ejercicios de adhesión están íntimamente vinculados a las ventajas económicas y reparto de fondos asignados por la Junta Central Electoral y que una simple auscultación servirían de pieza para procesos penales en los tribunales del país. Vargas Maldonado no posee las herramientas formativas, desdeña los conceptos del debate público, nunca se anima en la defensa de la histórica base social perredeísta, jamás incursiona en los afanes por el reordenamiento ético del ejercicio político y no deslinda su oficio empresarial privado con los intereses de su organización. Con ese cuadro, lo único que explica seguirlo es la capacidad de “resolverle” a la reducida franja que le apoya.

Los días por venir serán interesantes porque seguirán evidenciando al sector político/comercial que controla el PRD. Afortunadamente, la voluntad por reconectar el partido con su origen seguirán transformando deseos en ira acumulada ante tantos desmanes y uso aberrante de 79 años de historia y tradición democrática convertidos en instrumento para negocios indecorosos. La batalla no será fácil debido a que los desplazamientos, por la vía del voto, de toda una estructura dirigencial será resistida por sus beneficiarios que, al final de la jornada, utilizan a una organización como fuente de acumulación y ventajas divorciadas de las jornadas de sacrificios, exilio, prisión y muerte de tantos hombres y mujeres honorables.