El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó ayer su preocupación por lo que considera un manejo “improvisado e irresponsable” del Gobierno a la crisis generada por la peste porcina africana, la que aseguran empuja a miles de productores a la ruina, provocando un aumento en los precios del cerdo.

En rueda de prensa, en su casa nacional, el partido morado planteó declarar un plan nacional de emergencia, a fin de erradicar la enfermedad, recuperar la producción nacional y aliviar el impacto económico que tiene en las familias.

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Sistema de control estricto

Johnny Pujols, secretario general del PLD, dijo que para eliminar la peste proponen un sistema de control estricto en la movilización de cerdos, un cordón sanitario efectivo en la frontera, un plan de compensación justa y sin politiquería, compensación al valor real de mercado, reincorporación de técnicos especializados y control de precios al consumidor.

Aseguró además, que durante décadas esa enfermedad estuvo controlada y que la crisis actual comenzó en agosto de 2020, por decisiones equivocadas del Gobierno, que -entre otras acciones- “canceló a más de 700 técnicos especializados”, lo que facilitó la propagación sin control de la peste en once provincias.

“Esta no es solo una crisis agropecuaria, es una tragedia social. Más de 12,100 granjeros han tenido que abandonar la producción, perdiendo 5,300 empleos directos y afectando unos 20,000 dominicanos”, expresó Pujols.

Importación cerdo aumentó

El dirigente político peledeísta sostuvo que debido a la caída de la producción nacional, las importaciones de carne de cerdo aumentaron en un 331 %, pasando de 31,264 toneladas métricas en 2019 a 135,763 en 2024, lo que en su opinión refleja “un claro atentado contra la soberanía alimentaria nacional”.

El secretario general del partido opositor dijo que detrás de cada productor quebrado hay una familia angustiada y que por el aumento de cada peso en el precio de la carne hay un niño que no puede alimentarse como antes.

El PLD conminó al Gobierno a actuar de inmediato y asumir el tema con responsabilidad, recordando que la Constitución obliga al Estado a garantizar la seguridad alimentaria.