Si el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) considera reales las ventajas que le dan las encuestas para los comicios presidenciales de mayo próximo, debería desarrollar un juego conservador, evadiendo cualquier provocación proveniente del partido de gobierno y evitando erosionar la limitada credibilidad del sistema electoral.

En la actual perspectiva electoral para nada se justifica el lenguaje agresivo que recientemente ha exhibido el candidato presidencial Leonel Fernández y mucho menos denuncias como la formulada en Washington advirtiendo la remota posibilidad de que el país atraviese por una situación tan infortunada como la que vive el vecino Haití.

Lo lógico sería evitar todo lo que pueda implicar mayor deterioro económico social y enconos que harían más difícil la transición política, complicarían la gobernabilidad y las posibilidades de revocar la crisis económico social y demandarían mayores medidas de ajustes llamadas a costar popularidad en corto plazo.

[b]Un camino equivocado[/b]

El lenguaje agresivo empleado en la última semana por el expresidente Leonel Fernández es un riesgo innecesario si, como afirman, sus propias investigaciones del mercado electoral ratifican la enorme ventaja que le han otorgado las encuestas Penn & Schoen y Gallup recientemente.

Para un político que corre con ventaja considerable el exceso de denuncias y confrontación es tan peligroso como el cruzarse de brazos y mantener silencio cuando tenga que enfrentar reales desafíos y abusos.

Fernández formuló el pasado fin de semana tres pronunciamientos que produjeron sorpresa en diversos sectores. Uno de ellos sobrepasó el lenguaje inapropiado y degradante que ha empleado frecuentemente el presidente Hipólito Mejía, otro fue una pésima inversión al sugerir en Washington que el país puede degenerar al nivel en que se encuentra Haití. El tercero dio por hecho una ruptura de la inamovilidad de los jueces de la Suprema Corte, algo que conviene considerar imposible.

El candidato peledeísta, quien nunca se ha caracterizado por un lenguaje hiriente, hizo acopio de duros epítetos durante su discurso del sábado en San Pedro de Macorís al calificar al gobierno de Mejía de «inepto, mediocre, incapaz, y con un inmenso poder para la maldad, la vileza y la destrucción».

Del primer mandatario dijo que es un «hombre irreflexivo, impulsivo, errático e imprudente, que no debió haber pasado de recluta y se coló como presidente de la nación».

Coronó su embestida con las consideraciones de que a esta administración «le ha faltado masa encefálica para entender los problemas nacionales» y que «el gobierno no se le puede entregar a analfabetos funcionales».

Fernández no sólo dio por hecho que el gobierno buscaría cambios que vulnerarían la inamovilidad de los jueces de la Suprema Corte, sino que hasta señaló a quienes supuestamente serían llevados a esa institución: Ramón Morel Cerda, Milton Ray Guevara y Víctor Céspedes.

El primero rechazó que aspire a integrar la Suprema Corte de Justicia y el segundo ratificó su apego al principio de la inamovilidad de los jueces y de paso le recordó al líder peledeísta que él se manifestó en contra. A Ray Guevara se le olvidó que el expresidente promulgó en 1998 una ley de carrera judicial que vulneraba esa inamovilidad, originando una declaración de inconstitucionalidad como resultado de una instancia de organizaciones de la sociedad civil.

En círculos políticos no se descarta que sectores gubernamentales acaricien la posibilidad de buscar un control de la Suprema Corte, pero lo conveniente es darla por imposible, sobre todo en medio de una campaña electoral, y en el entendido de que multiplicaría las incertidumbres que tanto han venido perjudicando la economía nacional.

[b]Se le zafó el seguro[/b]

El pronunciamiento que la Agencia Francesa de Prensa (AFP) atribuyó a Leonel Fernández en Washington, fue también desproporcionado e inconveniente para alguien a quien las encuestas otorgan casi las dos terceras partes de las intenciones de voto.

Se le zafó el seguro el pasado martes al reiterar su solicitud de que la Organización de Estados Americanos, el Centro Carter y la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) envíen observadores a la elección presidencial de mayo «para evitar un fraude electoral que podría provocar una crisis similar a la de Haití».

Remachó sus malos augurios destacando que «el costo de la observación de los comicios será menos elevado que enviar luego a tropas estadounidenses para mantener el orden como ocurrió en Haití».

Sugerir en la capital de Estados Unidos y ante medios informativos internacionales que la República Dominicana podría atravesar por una crisis como la de Haití, con intervención militar incluida, es un serio desacierto que abona la desconfianza en el país provocada por la crisis financiera que ha degradado la vida de la población nacional.

Ello puede afectar el ya escaso crédito nacional, la inversión extranjera y hasta el turismo, lo que se traduciría en mayores dificultades no solo para el actual gobierno, sino también para el que le suceda en Agosto próximo, que según las encuestas estaría encabezado por el mismo denunciante.

Para muchos resulta incomprensible la radicalidad con que el PLD viene magnificando las posibilidades de fraude, contribuyendo al descrédito del sistema electoral con denuncias a menudo infundadas, como la del «dislocamiento» de los 761 mil electores simplemente reubicados de mesa. Esa denuncia fue formulada antes de los dos últimos comicios y en ambas ocasiones se comprobó infundada. Ni siquiera el PLD, que perdió en ambas ocasiones, pudo presentar pruebas de irregularidades en el padrón de electores.

Las denuncias de fraudes en los comicios congresionales y municipales del 2002 no se refirieron al padrón electoral ni a exclusión de votantes, sino a marrullerías en sumatorias de votos o alteraciones de actas de colegios electorales, en algunos municipios, especialmente en Santiago. Lo que no impidió que los observadores nacionales y extranjeros estimaran libres esas elecciones.

Recientemente funcionarios electorales se quejaron ante dirigentes de la sociedad civil de que dirigentes políticos formulan persistentes denuncias infundadas sobre el padrón electoral a pesar de que el mismo se viene depurando con la participación de los delegados técnicos de los partidos.

Y hasta dirigentes del PLD han reconocido en conversaciones privadas que algunos de sus compañeros han formulado denuncias sin fundamento, lo que sólo sirve para acentuar la desconfianza de la ciudadanía en los procesos electorales. Muchas personas han rehusado integrar los colegios electorales por temor a verse envueltas en conflictos políticos como los que se denuncian.

[b]Una oportunidad a la JCE[/b]

Es cierto que el reeleccionismo en la historia nacional ha conllevado fraudes y arrebatos electorales. Pero lo conveniente para todos, y especialmente para quien lleva la delantera, es descartar que ello pueda repetirse en esta época, con la vigilancia que de todas formas ya encaminan organismos nacionales e internacionales.

Parece obvio que hay razones para mantener cierto grado de desconfianza, pero lo que corresponde a la oposición política es preparar eficientemente a sus militantes para defender el voto en los colegios electorales y en todas las demás instancias del sistema electoral.

Debe reconocerse que el padrón electoral fotográfico ha pasado la prueba de dos elecciones y que al ser público y en manos de todos los partidos, es difícil vulnerarlo, al menos en proporción significativa. A principios del mes pasado, el PLD realizó una verificación nacional del padrón y hasta el momento no ha presentado ninguna prueba fehaciente de irregularidad.

El esfuerzo de la oposición y de todos los interesados en mantener los avances de la última década en los procesos electorales debe concentrarse en evitar la compra de cédulas y el abuso de los recursos estatales en la campaña, más factible de repetirse en el actual proceso electoral. También deben dar estrecho seguimiento a los 400 mil nuevos inscritos en el padrón de electores.

La Junta Central Electoral viene realizando esfuerzos por mantener la transparencia en la organización del proceso para la elección presidencial, como se pudo apreciar en la reunión sostenida el pasado jueves con dirigentes políticos, de la sociedad civil y la representación diplomática en el país.

En vez de pegar un sello de delincuentes políticos a los actuales jueces electorales, lo que parece conveniente es darle un margen de beneficio a su honorabilidad, reforzando el planteamiento de que en las actuales circunstancias nacionales e internacionales no es posible repetir los fraudes electorales del pasado.

Por demás las circunstancias aconsejan alguna dosis de serenidad para evitar llevar la confrontación a los extremos que hagan muy difícil una transición que no solo las encuestas, sino también la simple percepción estima inminente.

En última instancia la confrontación innecesaria, el lenguaje desafiante y el desenfreno sólo contribuyen a enrarecer el ambiente político, lo que beneficiaría a quienes pudieran estar pensando pescar en río revuelto.