El poder trae muchos beneficios y la evidencia es clara: riqueza, prestigio, estatus, e incluso admiración para gente que muchas veces no amerita tal distinción. Pero el poder también encarna peligros, que no disminuyen simplemente haciendo un llamado al recato en medio del triunfo.

Cierto, la modestia es preferible a la arrogancia. Pero la cuarta victoria consecutiva del PLD, y la aparente incapacidad nacional para empujar ese partido a gobernar mejor, o para forjar alternativas políticas con posibilidades de triunfo, es motivo de preocupación para quienes sueñen con una democracia sólida.

El gobierno no merece las flores que lanzan los peledeístas. En el país hay una plaga de ladrones callejeros e institucionales. La droga ha proliferado a pesar de los aparatajes de captura.

La criminalidad estremece, como el lamentable atentado al abogado José Yordi Veras en Santiago, recientemente.

La mayoría de la población pobre y de clase media no tiene posibilidad de movilidad social. El sistema escolar no educa bien la población creciente.

En medio de estos y otros problemas, se erigen torres despampanantes en las principales ciudades, se construyen líneas de Metro, y los legisladores defienden vehementemente su derecho a las exoneraciones de vehículos y al barrilito.

Son tantos los beneficios que se derivan de un puesto público, que gran parte de los funcionarios en posiciones electivas optaron por reelegirse en el 2010 y quedarse seis años más.

Para el PLD, este último triunfo electoral es particularmente desafiante. Con o sin irregularidades electorales, aseguraron la casi totalidad del Senado, cerca del  60% de las diputaciones, y 60% de las alcaldías. Ahora no podrán culpar a nadie de sus desvaríos.

Se ha dicho y repetido que el gobierno controlará el Consejo Nacional de la Magistratura, y a partir de ahí, el nombramiento de varios miembros de la Suprema Corte de Justicia, de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, de la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas. Es decir, el gobierno peledeísta controlará y moldeará las principales instancias de poder público.

Y no es ni siquiera el PLD, es el presidente Leonel Fernández que arbitra los intereses de diversos grupos de poder. A la vieja usanza caudillista, el PLD va quedando rezagado y su poder deviene del Presidente. Los otros dirigentes no se atreven, no pueden, o no les conviene desafiar la autoridad presidencial y promover la democratización del partido.

Los grupos de poder económico y eclesial están bien acoplados con sus beneficios y dejan tranquilo el gobierno. El PLD los necesita para seguir en el poder, y ellos necesitan el PLD para sostener el sistema económico y político con relativa estabilidad.

Pero  a partir de ahora, el reloj se mueve hacia un tiempo de inevitable cambio. ¿Modificará Leonel Fernández la Constitución para postularse nuevamente en el 2012, reafirmando así el caudillismo dominicano? Si no, ¿quién lo sustituirá?

Como el poder es atractivo y adictivo, y no hay oposición política fuerte dentro ni fuera del PLD que frene las aspiraciones del Presidente, la tentación de repetir será alta.

Si cambia la Constitución para postularse nuevamente, estaremos presenciando la etapa final de mutación del peledeísmo al balaguerismo. Si no la cambia y promueve la alternancia en su partido, demostrará que el continuismo es un mal superable.

En política, hacer lo más democrático puede parecer desfavorable, pero en el largo plazo, la democracia y la alternancia son mejores para todos, incluidos los políticos.

Ni al país, ni al PLD, ni al presidente Fernández, le haría bien la reelección en el 2012.