El secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) estimó ayer que para cambiar a algún miembro de la Suprema Corte de Justicia habría que modificar la Constitución.

Radhamés Jiménez afirmó que desde el gobierno se propicia convocar al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para sustituir jueces de la Suprema Corte y designar abogados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) para cubrir la retirada del poder de funcionarios perredeístas.

«Están tratando de buscar impunidad, poner el poder judicial en manos de los actuales gobernantes para que si se inicia algún tipo de acción legal en contra de actos de corrupción que puedan demostrarse ante la opinión pública, ellos tener y gozar de impunidad», planteó.

En ese sentido, Jiménez aseguró que el partido morado se opondrá de manera radical a cualquier intentó que dé al traste con la institucionalidad e independencia del Poder Judicial.

Explicó que la Constitución, en su artículo 63, párrafo primero, establece la inamovilidad de los jueces, por lo que para producir cualquier sustitución de los actuales jueces es necesario modificar la Carta Magna.

Agregó que en la Suprema Corte sólo se produciría una vacante si uno de sus miembros renuncia o se muere, lo que hasta la fecha no ha ocurrido y, por tanto, «como dijera el presidente del tribunal, Jorge Subero Isa, allí no hay vacantes, entonces convocar al CNM para tales fines sería un acto a todas luces inconstitucional y se convertiría en un golpe de Estado institucional que atentaría contra la estabilidad democrática de República Dominicana».

Dijo que al parecer los objetivos del gobierno con la integración de abogados perredeístas al CNM es tratar de cubrir su retirada frente a «una posible o casi segura elección de Leonel Fernández».

De igual manera, Jiménez sostuvo que en un próximo gobierno del PLD no habrá ningún tipo de retaliación en contra de los actuales funcionarios.

Aseguró que el Poder Judicial actuará de manera independiente, al igual que el Ministerio Público, «tal como lo hicieron en la administración pasada».

Argumentó que atentar contra la independencia del poder judicial es atentar contra la institucionalidad del país, lo que -dijo- no será permitido bajo ninguna circunstancia en un gobierno del PLD.

En otro orden, el dirigente peledeísta se refirió a los propósitos del gobierno de iniciar a través del Ministerio Público acciones persecutorias contra los ex funcionarios del gobierno pasado.

Dijo que la dirigencia del partido está preparado para cualquier acción, «que no se trata más que de una maniobra de carácter político para tratar de inhabilitar en términos morales y políticos al PLD y fundamentalmente a su candidato presidencial, el ex presidente Leonel Fernández».

En ese sentido, sostuvo que el pueblo está edificado de que una acción de esa naturaleza no logrará absolutamente, y que se encargaran de demostrar de que se trata de una falacia, de argumentos vacíos que no tienen otro objetivo que desacreditar al PLD y a su candidato presidencial.

Dijo que aunque la justicia tendrá «manos libres» para actuar, no permitirán bajo ninguna circunstancia que se vaya accionar con retaliaciones.

«Indudablemente que nosotros dejaremos que la justicia actúe con toda libertad, sin ningún tipo de ingerencia, ni de contaminación por parte del gobierno que encabezará Fernández», manifestó.

Añadió que los dirigentes peledeístas a los que se les ha involucrado en supuestos actos de corrupción han dado el frente «y ya a penas días para celebrar las elecciones, en que la todo indica que el PLD resultará ganador con una mayoría abrumadora en la primera vuelta electoral, con mucho menos razón podemos rehuir a cualquier tipo de persecución que se intente llevar a cabo en estos momentos».

Dijo que este gobierno no tiene calidad moral para señalar a ningún miembro del PLD porque ha quedado más que evidenciado frente a la opinión publica que ha sido una de las administraciones de gobierno más corrupta de toda la historia de la República Dominicana.

Citó varios casos, entre ellos, el del Plan Renove del cual estimó existen muchas evidencias pero no se actua en consecuencia.

[b]CASO PEME[/b]

En relación al expediente del Programa Eventual Mínimo de Empleo

(PEME) dijo que está totalmente convencido de que la Corte de Apelación ratificará la sentencia dictada por el juez de la Primera Sala Penal del Distrito Nacional, Francisco Ortega, en el sentido de que fue regularmente apoderado para conocer el caso.

«El ministerio público de lo que trata es que se le fabrique un juez a la medida», indicó.

Con relación al PEME fueron sometidos a la justicia los ex funcionarios Diandino Peña, Simón Lizardo y Haivanjoe Ng Cortiñas.

Además Luis Inchausty, Grecia Peguero, Noe María Caamacho y León López Mata.