La alta dirección del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) debería prestar atención a las constantes denuncias serias de corrupción, que suelen involucrar a sus dirigentes o reconocidos allegados, pues hacerle caso omiso a las mismas constituye un mal negocio para una formación política que se ha convertido en la mayoritaria del país.

Esa prioridad moral frente a tales inconductas se hace imprescindible, precisamente ahora que la organización oficialista atraviesa por un proceso interno que renueva su liderazgo, mientras se acerca la cita nacional para la elección presidencial, congresual y municipal dentro de dos años.

En tal sentido, debe establecerse la verdad e investigarse denuncias como las que involucran a los dirigentes Danilo Díaz y Joaquín Gerónimo como accionistas principales del Consorcio Empresarial Emproy-Divisa, que ha incumplido su compromiso contractual con decenas de adquirientes de apartamentos situados en la zona turística Pueblo Bávaro, Punta Cana, en la oriental provincia La Altagracia.

Conforme a las denuncias seriamente avaladas por sus adquirientes, estos pagaron entre 60 mil y 65 mil dólares por apartamento entre los años 2003 y 2005, pero actualmente el proyecto inmobiliario se halla en la ruina, abandonado, desprovisto de los servicios básicos de electricidad, agua potable y seguridad.

Joaquín Melo, uno de los clientes del proyecto inmobiliario que fue promocionado ampliamente en Nueva York, hace 11 anos, dijo que la constructora enfrenta una demanda judicial en un tribunal neoyorquino. Junto a Rafael Reyna, Carmen Vargas, Ismael Viven, Odrys Almánzar , Pedro Vargas, Andrea Lebrón, Ramón de la Cruz, Eduardo Pérez y otros afectados, piden la conclusión del proyecto.

El PLD prestaría un gran servicio a la colectividad nacional estableciendo las responsalidades condignas, pues los casos de corrupción afectan la salud política de los partidos.