En cada sociedad conviven varios sectores y actores con diversos pareceres e intereses. Sin embargo, el gobierno de una sociedad es responsabilidad única del Estado.

Guiada siempre por el principio de justicia, esta instancia soberana tomará y adoptará las decisiones.

En caso de desacuerdo entre los sectores integrantes de la sociedad, pues entonces complacerá a la mayoría, sin dejar de valorar, respetar y ponderar las valoraciones de la minoría.

Pero una vez el Estado adopte y apruebe una decisión, todos los demás deben acatarla.

Dos son los recursos con que cuenta la minoría, sea esta religiosa, partidaria o de carácter sectorial; primero, la libre manifestación de su desacuerdo y; segundo, la predicación de su punto de vista.

Esto último es importante porque sería una lucha legal y civilizada con el objetivo de producir convicción.

El cambio más grande y verdadero es aquel que se da por convicción. No por imposición, por fuerza violenta o alteración del orden público establecido.

Si un sector de la sociedad quiere imponer su criterio por la fuerza, lo que hará será recibir no sólo la represión del Estado con todo su poder, sino el rechazo de los demás.

El Imperio Romano fue uno de los sistemas más difíciles de poder convivir armoniosamente.

Sin embargo, una clase moralista y espiritual como el cristianismo supo lidiar con esa tiranía y sus perversidades.

Tanto Jesús como su gran seguidor el apóstol Pablo ordenaron respetar lo relacionado al cesar e, incluso, someterse a su autoridad (Marcos 12:17; Romanos 13).

Lo que no debe un Estado es obligar a un sector a practicar lo que está contra su conciencia. Pero tampoco ningún actor social debe obligar a los demás a hacer lo que consideran contrario a sus intereses.