El uso de la libertad de expresión, la práctica debida de los periodistas, es responsable en gran parte del desarrollo que ha tenido la República Dominicana y ha sido un aliado permanente de los defensores de las mejores causas del país, siendo un elemento de gran trascendencia en la conquista de las libertades públicas y el cese de los periodos de represión que ha tenido la Nación, y de manera particular, del gran avance que ha tenido la justicia dominicana en los últimos veinte años, por eso las opiniones, comentarios que sobre las actuaciones de los jueces y del sistema de justicia provengan de ese litoral, deben ser debidamente ponderadas y bien valoradas por el Poder Judicial, para que sirvan de orientaciones y de acicate para cambiar de rumbo cuando ello fuere necesario y enderezar los entuertos, que en el cotidiano accionar se cometen.
Pero se debe tener cuidado de no sujetar las decisiones de los órganos de justicia a la voluntad manifestada a través de los medios de comunicación o de cualquier medio que asume protestas o reclamos de personas o grupos afectados por una decisión judicial.
Toda decisión de los tribunales o autoridades judiciales crea un estado de disgusto en un segmento de la población. La unanimidad de aceptación no es posible lograrla en ningún fallo de un tribunal, por eso los jueces solo pueden responder al imperio de la ley, en el conocimiento y decisión de los asuntos puestos a su cargo, sin importar la reacción que esta generará.
A las denuncias y críticas hay que hacerles caso, pero solo cuando estas tengan un mínimo de credibilidad y se advierta de ellas mismas algún mérito que impulse a los órganos del control del Poder Judicial a investigarlas y tomar los correctivos, si fuere de lugar.
Toda denuncia infundada contra la actuación o decisión de un juez, no solo atenta contra la honra y tranquilidad de ese juez, sino contra la credibilidad del sistema de justicia, de ahí que el Poder Judicial, cuando esto ocurre de manera ostensible, está en la obligación, para su propio bienestar, de salir en defensa del magistrado injustamente cuestionado, que es como si fuere salir en defensa de sí mismo.
Jueces desacreditados, generan igualmente un Poder Judicial carente de credibilidad, por eso a las calumnias evidentes no se les pueden dar treguas con investigaciones para calmar la opinión pública, sino enfrentarse para eliminarlas de raíz, en el menor tiempo posible.
Cuanto he opinado, viene a cuento, por las imputaciones que se le han formulado a la magistrada Eunisis Vásquez Acosta, Juez de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que ya tiene dos semanas bailoteándose en los medios de comunicación, con la consecuente inquietud y desasosiego que de seguro le ha generado, tanto a ella, a sus familiares y al mismo tribunal en el que ejerce sus funciones.
No hay que hacer ningún juicio de valor sobre la conducta de la referida magistrada, simplemente analizar los hechos que se le imputan, para advertir que la queja tiene un interés espurio, con marcada intención de dañar y producto del encargo de un litigante, que no vio coronada sus pretensiones en el tribunal de referencia.
No tiene ningún fundamento el alegato de que en la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional una empresa o un litigante determinado sea favorecido, no digo yo, con la mayoría, sino en todas las decisiones que haya participado. Esto no revela connivencia, ni irregularidad alguna, si no se señalan acciones específicas contra esas decisiones. Recuerdo que en mis años de estudiante de Derecho, el profesor Antonio Ballester Hernández se vanagloriaba de no haber perdido un caso jamás en la Corte de Casación dominicana. Yo mismo declaro con orgullo que como abogado postulante más del 90% de las decisiones que obtuve de la Suprema Corte de Justicia fueron a favor de las partes que representaba, sin nunca haber conversado con los honorables magistrados que integraban ese alto tribunal.
De igual manera, es contrario a toda lógica y atenta contra la racionalidad atribuir falta a dicha magistrada por el resultado de esas decisiones, cuando el propio denunciante reconoce que ella se inhibía en todos los casos de esa empresa, porque “la novia de su hijo” era una de las abogadas actuantes.
Con la inhibición un juez se excluye voluntariamente del conocimiento y decisión de un expediente, cuando considera que hay un motivo que pueda dar lugar a dudar de su imparcialidad.
El denunciante admite que esa inhibición sucedió, no puede pues, hacerla responsable del resultado de las deliberaciones y fallos emitidos por los jueces actuantes, por ser ajenos a sus actuaciones y ser éstos libres e independientes para actuar de acuerdo a sus conciencias, sin sujeción a ninguna autoridad, mucho menos a una persona que por su inhibición, no podía intervenir de ninguna manera en la solución de los casos.
Esa admisión de inhibición es una confesión del correcto proceder de la magistrada Vásquez y una revelación de que nada tuvo que ver con los fallos objetados.
Donde mas se revela el “animus nocendi” del denunciante es cuando mantiene la acusación de que la magistrada Vásquez Acosta incrementó su patrimonio de once millones y pico de pesos, a mas de sesentisiete millones de pesos en un año, a pesar de que mediante certificación suscrita por el Lic. Yunior R. Ramos, Encargado de la División del Registro de Personal del Poder Judicial, de fecha 19 de septiembre del 2017, da fe de que el patrimonio de la magistrada al 19 de agosto del 2017, era de RD$11,374,621.33 y que por un error técnico figuraba con el monto de RD$67,954,073.73.
Frente a la realidad de esos hechos, se hace ineluctable la defensa de la magistrada Vásquez de parte del Poder Judicial, pues su silencio y pasividad no solo la afecta a ella, sino a la misma Institución, porque está permitiendo que corra la bola de que funcionarios judiciales se han confabulado con ella, falseando documentos y presentando situaciones irreales para justificar acciones fraudulentas, las cuales no se ven ni siquiera con la admisión de los hechos señalados por los denunciantes.
Mientras no se enfrenten las imputaciones temerarias con ánimo de dañar, la perversidad y el sicariato moral hundirán cada día mas la credibilidad del Poder Judicial, que de por sí está muy mermada.
EL DOCTOR JULIO ANÍBAL SUÁREZ FUE JUEZ DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.