No hay que ser Nostradamus  para saber que, cuando la reforma del Código Procesal Penal (CPP) recientemente aprobada en la Cámara de Diputados y pendiente de conocimiento en el Senado de la República sea definitivamente ley, las estadísticas de criminalidad en nada cambiarán, es más, puede ser que sigan empeorando.

Y la razón es conocida por todos, incluso por los legisladores de todos los partidos que, con tanto entusiasmo digno de mejores causas, han propulsado y aprobado esta reforma: la fiebre no está en la sábana, el CPP no tiene la culpa de los feminicidios, de los asesinatos efectuados por sicarios nacionales y extranjeros pagados por mafias criollas y transnacionales, de los robos con violencia, de los crímenes contra menores y mujeres, y de la delincuencia juvenil.

 Las verdaderas causas de la criminalidad son más profundas y tienen mucho que ver con la falta de una policía eficaz, debidamente entrenada, con capacidad de fuego, bien pagada y con miles de efectivos repartidos a lo largo y ancho del territorio.  La delincuencia que sufrimos nada tiene que ver con plazos para apelar ni con duración de la prisión preventiva, sino que está directamente vinculada a una minoría de jueces corruptos y a unas mafias que han penetrado nuestros cuerpos armados.

La inseguridad ciudadana de nuestro tiempo se debe, además, a una sociedad que  tolera con cruel indiferencia que la mitad (o más) de la población dominicana viva en una situación de pobreza estructural, sin oportunidades de educación y empleo para los niños y jóvenes y en donde solo el negocio de la droga es una oportunidad de ascenso social. Y la violencia contra mujeres y niños tiene su causa en una cultura machista y autoritaria que, además, promueve la pornografía y el lenguaje de la violencia.

 Todo eso lo saben nuestros legisladores y los comunicadores que sirven de apoyo aéreo a esa infantería política que ataca, desde las trincheras del populismo penal, las murallas de las garantías procesales. Pero, lógicamente, ¿qué político se atreve a reformar la Policía Nacional o crear una nueva? ¿Quién se atreve ponerle el cascabel al gato de las mafias judiciales y paramilitares? ¿Quién tiene el valor de reestructurar, redimensionar y reorientar unas Fuerzas Armadas de la guerra fría para los nuevos retos y riesgos del siglo XXI?

¿Quién sustituye el suculento clientelismo por un proyecto nacional que lleve millones de dominicanos de la pobreza a la clase media, que incremente los niveles de escolaridad y bancarización, que estimule el empleo y que fomente microempresas y microcréditos en nuestros campos y favelas urbanas? De eso solo se puede parlotear pero no tratar de hacer realidad. Y es que la verdad terrible y obscena es que muchos estamos muy cómodos en esta sociedad de discriminación, marginalidad y exclusión. La precariedad parece ser un próspero negocio.

Habrá que esperar que las casas matrices de los carteles extranjeros se trasladen a República Dominicana, que comiencen a secuestrar a políticos, empresarios y personalidades, que el asesinato de jueces, fiscales y periodistas sea realidad cotidiana, que la clase media alta se mude toda a barrios amurallados con seguridad privada y electrónica o sencillamente escape a Miami, que ya nadie se sienta seguro, para que quizás acabe esta insoportable cháchara que pretende agarrar el rábano por las hojas, en lugar de promover que se tomen las decisiones políticas fundamentales, las únicas verdaderamente efectivas, con ayuda de nuestros tradicionales aliados, los Estados Unidos, y contando con la experiencia de técnicos colombianos, israelitas y españoles, acostumbrados a lidiar eficazmente con los peligros reales de la inseguridad ciudadana sin tener que disminuir las garantías penales y procesales.

Mientras los delincuentes siguen por su cuenta, pues en nada le importan las nimiedades procesales del CPP, los únicos que sufrirán los estragos de esta reforma procesal penal somos los ciudadanos honestos a quienes se nos recortan las garantías que deben rodear en una sociedad mínimamente decente a los presuntos inocentes que somos sometidos a la justicia. Lógicamente nada de esto interesa a un populista penal, pues éste no puede conjugar los derechos en primera persona, ya que es populista precisamente porque todavía no es cliente del sistema penal.