POR LOYDA PEÑA
Pese a que todavía no ha completado las formalidades complementarias y expediente del reconocimiento que le fue otorgado por la Junta Central Electoral (JCE), el Partido Popular Reformista (PPR) ha recibido alrededor de RD$2 millones como financiamiento del Estado.

Esa nueva organización política que lidera el ex secretario de Agricultura y actual senador por la provincia Duarte, Amílcar Romero, fue reconocida por la JCE el 25 de enero de 2007, pero debido a una litis interna no ha podido depositar en la JCE el acta de su Asamblea Constituyente ni los estatutos que de acuerdo con la ley, son los que formalizan su constitución.

Su primer intento de Asamblea, el 25 de noviembre pasado, degeneró en una litis interna que dividió al PPR en dos grupos: Uno encabezado por Romero, y otro, por el secretario general, Leoncio Almánzar.

 Alejandro Aponte y Manuel Galver, supuestos seguidores de Romero, interpusieron sendas demandas en nulidad de la Convocatoria a la Asamblea firmada por Almánzar, así como de la Asamblea misma, cuyo conocimiento fue iniciado ayer por la Cámara Contenciosa de la JCE.

Fue durante esa audiencia pública que salió a relucir que no obstante el PPR estar debidamente conformado, el presidente de la organización política estaba recibiendo una asignación mensual de $168,000, como contribución del Estado, y sin rendirle cuentas a la JCE de lo que se estaba  haciendo con ese dinero.

La denuncia la hizo el delegado político del PPR ante la JCE, Irving Cruz, a quien la parte contraria habría sustituido en esas funciones por el doctor Raúl Ramos.

La Cámara Contenciosa, que preside el doctor Américo Rodríguez e integran  Aura Celeste Fernández, Leyda Piña, Eddy Olivares y John Guilliani, le otorgó un plazo de cinco días a las partes para que amplíen sus conclusiones, no sin antes exhortarlos a que procuren una solución amigable al conflicto.

El reconocimiento de la JCE al PPR se hizo mediante la Resolución 01, de fecha 11 de noviembre del año 2007.