El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) tiene posibilidad de lograr la ley de partidos políticos para limitar los abusos del poder en las campañas electorales, condicionando a ello su aprobación del artículo del proyecto de Constitución que permitiría la repostulación del presidente Leonel Fernández en el 2016.

 Sin embargo, para ganar apoyo de la opinión pública tienen que reconocer que ya no hay tiempo para aplicar el proyecto esta vez en lo referente a las elecciones primarias de los partidos, a fin de concentrar la atención en la reglamentación de la campaña electoral y la prohibición y sanción del abuso de los recursos del Estado.

Plantean condiciones.  El PRD condicionó el jueves su aprobación del artículo del proyecto de nueva Constitución que permitiría la repostulación del  presidente Leonel Fernández en el 2016, a que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) apruebe el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que, entre otros aspectos, obligaría a elecciones primarias y  sancionaría el abuso de los recursos estatales en las campañas electorales.

La posición fue adoptada por la dirección perredeísta después que el miércoles la mayoría de los diputados peledeístas no asistió a la sesión en que debían conocer en segunda lectura el proyecto de ley de partidos que ya aprobaron en la primera y que habían sancionado en la última semana de la legislatura que concluyó el 16 de este mes.

Tan pronto se suspendió la sesión, el vocero del PRD en la Cámara de Diputados, José Neney Cabrera, acusó a los peledeístas de boicotear la aprobación de la ley de partidos,  “para volver a abusar de los recursos del Estado en la próxima campaña electoral, como hicieron en los comicios presidenciales del año pasado”.

Ya el martes, al reunirse con el presidente de su partido, Miguel Vargas Maldonado, el bloque congresional perredeísta le expresó su disposición de “no aprobar determinados artículos del proyecto de Constitución” si primero no es promulgada la ley de partidos.

En los predios del partido blanco se ha generalizado la decisión de impedir que los recursos estatales sean determinantes en los comicios congresionales y municipales de mayo próximo.

Todavía hay posibilidad

Cuando el 14 de mayo el presidente Fernández escogió a Vargas Maldonado, sin ser presidente ni candidato del PRD, para firmar un acuerdo que viabiliza su proyecto de nueva Constitución, se interpretó que buscaba garantizarse la eliminación del precepto actual que le impide volver a ser candidato presidencial “jamás”, al agotar  un segundo período. Lo cambió por la prohibición de la reelección inmediata. El proyecto permitiría a un presidente  repostularse después de agotar dos períodos, y de haber dejado uno de intervalo.

Se entendió que aunque Fernández cuente con el voto de los legisladores reformistas, no estaba seguro de los de su propio partido, porque una buena proporción  favorece la postulación de Danilo Medina para las presidenciales del 2012. Como después del pacto unos 5 legisladores reformistas han pasado al PRD, el poder de éste ha aumentado en la Asamblea Nacional que conoce el proyecto de Constitución. Bastaría con la ausencia o el voto negativo de cinco o seis “danilistas” para que Fernández no pueda “jamás” aspirar a la presidencia.

Como se entiende que Fernández está poseído por  la “debilidad histórica nacional del continuismo”, preferirá la ley de partidos aunque imponga límites al abuso del poder estatal en los comicios del próximo año. Aprobar la ley sólo requiere la mitad más uno de los votos de los presentes siempre que se logre el quórum de la mayoría de los miembros de cada cámara, más fácil que la reforma constitucional que demanda dos terceras partes.

Por demás, el PRD podría contar con el visto bueno de gran parte de la opinión pública que simpatiza con una ley que limite los abusos de las campañas electorales, que el año pasado determinaron un déficit fiscal de 55 mil millones de pesos. Ya antes de esas elecciones la Junta Central Electoral propuso reglamentar las campañas electorales y el financiamiento de los partidos, pero se dijo que no había tiempo.

En la rueda de prensa donde anunciaron su condicionamiento de la reforma constitucional, los perredeístas entregaron a la prensa copia del informe final de la misión de la Organización de Estados Americanos que observó las elecciones presidenciales del 2008 en el que se expresa preocupación por “la utilización de recursos del Estado por parte del Poder Ejecutivo para favorecer la reelección del candidato oficialista”, y recomendó “ampliar y mejorar la ley electoral y generar nueva legislación en cuestiones tan críticas como el financiamiento y funcionamiento de los partidos políticos”.

Necesaria transacción

El proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas es resultado de un reiterado consenso entre organizaciones políticas y de la sociedad civil a lo largo de una década, cuya primera versión correspondió a la Comisión para la Modernización y Reforma del Estado del primer gobierno del PLD en el período 1996-2000. Un segundo consenso, con ligeras variantes y tras nuevas consultas con instituciones políticas y sociales fue logrado por el Consejo Nacional de Reforma del Estado en el gobierno del PRD, 2000-04.

El proyecto de ley de partidos ha sido introducido al Congreso en por lo menos seis oportunidades con beneplácito de legisladores de los tres principales partidos, la última vez la semana pasada. Pero previo a su aprobación por la Cámara de Diputados en la pasada legislatura, fue objeto de nuevo consenso en una comisión pluripartidista. Vale recordar que entre el 1998 y el 2006 los perredeístas tuvieron mayoría en ambas cámaras pero entonces no les interesaba esa ley.

Ahora el pretexto aducido por voceros del PLD es que ya no hay tiempo para regular las elecciones primarias en marcha de los partidos, mientras la JCE expresa dudas sobre el financiamiento que necesitaría para organizar la elección de los candidatos.

Tienen razón los que plantean que ya no hay tiempo para que la JCE organice las elecciones primarias obligatorias para escoger los candidatos a las elecciones congresionales y municipales como plantea el proyecto de ley. El artículo 37 del mismo establece que las elecciones primarias, para escoger candidatos de los partidos y agrupaciones políticas  reconocidas, deberán celebrarse el segundo domingo de noviembre del año anterior a las elecciones generales. El artículo 39 responsabiliza a la Junta Central Electoral de elaborar un reglamento de las primarias que deberá publicarse 30 días antes de iniciarse el período de campaña para esas elecciones.

Aún se aprobara la ley en ambas cámaras y se promulgara a mediados de septiembre, es obvio que ya no hay tiempo para cumplir los plazos y celebrar la votación primaria en noviembre. Ni tampoco para que la JCE pueda organizar una votación tan compleja, que supone una enorme boleta con los precandidatos de todos los partidos, reclutar personal para operar los centros de votación e instruir a la población. Cualquier elección menos compleja requiere muchos meses más de anticipación.

No reconocer esa realidad es una necedad que en nada ayuda a viabilizar la ley de partidos. Es obvio que los perredeístas perdieron el tiempo y desaprovecharon las dos oportunidades que tuvieron antes (en febrero y mayo) para negociar la aprobación del proyecto.-

Con bastante retraso

Dirigentes del PRD reconocen que perdieron tiempo, por causas de la distracción generada por las luchas internas, para concentrarse en la aprobación de una ley que impida la repetición de los abusos de los recursos estatales que denunciaron infructíferamente en las elecciones presidenciales del 2008. Pero entienden que la pendiente aprobación del proyecto de nueva Constitución abre un espacio de negociación.

En la rueda de prensa en la que el presidente y el secretario general provisional del PRD, Andrés Bautista y Mario Torres, anunciaron el condicionamiento se dijo que aunque la ley de partidos no figuró entre los acuerdos para viabilizar la nueva Constitución firmados el 14 de mayo entre el presidente Fernández y el ahora presidente perredeísta Vargas Maldonado, había un implícito consenso para aprobarla.

Dos días antes el vicepresidente perredeísta Milton Ray Guevara dijo por Teleantillas que la comisión resultante del acuerdo de Vargas Maldonado con Fernández, de la que él es miembro, trataba de reunirse con su contraparte peledeísta para, en atención a lo pactado, seguir buscando consenso en asuntos importantes como la ley de partidos.

Dirigentes del partido blanco reconocen que fue un error no haber incluido esa ley en los acuerdos pactados por Vargas Maldonado y el presidente Fernández para viabilizar la aprobación de su proyecto de Constitución, especialmente en lo concerniente a la reforma del artículo constitucional actual que instituye que nadie podrá optar por la presidencia después de haberlo hecho en dos períodos consecutivos.

También cuando el presidente Fernández convocó la Cumbre política celebrada en febrero el PRD pudo haber condicionado su participación a que se incluyeran reformas políticas como las que implica la ley de partidos, pero las luchas internas le impidieron  reunir sus órganos directivos para tomar una decisión.