El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, anunció que “ante la eventualidad de que se presente un proyecto de reforma constitucional que contemple la habilitación electoral del presidente Medina, los legisladores del PRD le darán su apoyo” y que “el PRD contemplaría la posibilidad de una eventual alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, si y sólo si el presidente Danilo Medina es el candidato presidencial para las elecciones del 2020”. Este apoyo se produce en ausencia de un pronunciamiento del presidente Danilo Medina e, incluso, del propio Partido de la Liberación Dominicana (PLD), salvo las expresiones del Comité Político, por intermedio de su secretario general, que exhortan al ex presidente Leonel Fernández y sus seguidores “para que sus posiciones sean expresadas en el marco del debate normal dentro de las cámaras legislativas”.
El pronunciamiento de Vargas es la única posición oficial de un líder partidario principalísimo claramente a favor de la reforma tendente a la habilitación electoral del presidente Medina, potencial reforma que ha concitado el rechazo de una parte importante de la ciudadanía -pese a la mayoritaria simpatía popular del presidente Medina y el claro apoyo a su magnífica gestión presidencial, como muestran las encuestas- y de la oposición, lo que ha llevado a muchos, entre los que se encuentra este columnista, ha advertir que, en el estado actual de crispación, que se extiende más allá de la situación interna del partido gobernante, una reforma constitucional para ampliar la reelección presidencial, puede ser traumática si se realiza en ausencia de un consenso político y social.
Leída la actual coyuntura nacional en términos de Antonio Gramsci, es indudable que, ante el silencio del presidente Medina en torno a su habilitación – entendible cuando se busca aminorar los efectos del presidente “lame duck”- el “relato” político ha sido fijado por los opositores a la reforma -principalmente por los que ahora oportunistamente se oponen a ella, a pesar de defenderla ardorosa y descaradamente en el pasado muy reciente-, quienes han construido una “hegemonía cultural” que resta legitimidad a cualquier intento de reformar la Constitución, máxime cuando es evidente que, al margen de un jurídicamente cuestionable derecho a la reelección presidencial y la eterna y bizantina discusión doctrinal de los efectos temporales de las normas constitucionales, abandonar pura y simplemente el actual mecanismo de una sola reelección presidencial consecutiva y nunca más, podría sacar al país de la órbita de las naciones de la región, donde se ha limitado la reelección presidencial, haciéndola susceptible de ser atacada por constituir un “fraude a la Constitución” y una vulneración al principio de alternabilidad en el poder derivado de la intangible cláusula republicana, con todo lo que ello acarrrea para el país, incluso en términos geopolíticos y de estabilidad económica.
Visto lo anterior, tiene razón Vargas Maldonado en cuanto a que una reforma “contribuiría a consolidar la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho si va acompañada de un conjunto de mecanismos y dispositivos legales y constitucionales que aseguren mayor participación democrática, mejor y mayor rendición de cuentas de los representantes ante el pueblo y mayor contrapeso entre los poderes públicos” y que consoliden “un presidencialismo moderado” y el “equilibrio entre los poderes del Estado”. Obviamente, no es el momento para una reforma constitucional de gran calado como la de 2010, pero no debemos olvidar que, aun en coyunturas críticas, como la que experimentamos en 1994, es posible una beneficiosa acupuntura o cirugía constitucional no invasiva, que apuntale la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. Tal reforma, necesita de un consenso, muy complicado ahora -como lo evidenció la vapuleada reforma para las democratizadoras primarias abiertas que muchos infructuosamente defendimos- por la crisis interna del PLD y las tensiones dentro del principal partido de oposición, consenso que solo podría ser facilitado si emergen interlocutores sociales válidos, que, como el padre Alfredo de la Cruz Baldera, en la estela indeleble de monseñor Agripino Núñez Collado, articulen un efectivo diálogo político-social.

Es clave entonces la conducción decisiva del presidente Medina, como líder partidario, como jefe de gobierno y como jefe de Estado, quien puede o bien salvarnos de una eventual reforma constitucional o bien salvar tal reforma de ser calificada como un intento más de expresión del ancestral y atávico continuismo presidencial que ha marcado nuestra historia republicana y que ha afectado gravemente, por efecto de las continuas, rápidas y sucesivas reformas para la reelección presidencial, el “sentimiento constitucional” y el desarrollo democrático-institucional dominicano.