FARID KURY
El tema del uso de los recursos del Estado en campaña electoral es muy recurrente. En cada proceso electoral, la oposición política acusa al partido de gobierno de usar los recursos del Estado en su favor. Así ha sido invariablemente. Desde 1966, en ninguna campaña electoral ha estado ausente de los debates ese elemento.

El Partido Revolucionario Dominicano, el mismo que en la campaña presidencial pasada usó y abusó hasta la saciedad de los recursos del Estado para intentar quedarse en el poder, ha estado acusando al gobierno del PLD de esa práctica. Tan lejos ha llevado su denuncia que desconociendo la instancia primaria a la que pudo recurrir, que es la Junta Central Electoral, ha preferido hacerlo ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Aquí uno se pregunta: ¿Con qué autoridad moral y política el PRD recurre a ese expediente, cuando todos sabemos que en el cuatrienio pasado todo el Estado fue usado inmisericordemente para intentar imponer la reelección del ingeniero Hipólito Mejía y del PRD?

En aquel momento ni siquiera el propio presidente del PRD, licenciado Hatuey De Camps, quien mantenía una activa oposición a la reelección presidencial fundamentado en los principios enarbolados durante décadas por el doctor José Francisco Peña Gómez, se salvó de la furia del gobierno. Todo el poder del Estado fue usado para avasallarlo, aniquilarlo. No se respetó a Hatuey como persona ni a su larga trayectoria política en esa organización. ¿Es qué se nos olvidó que de 37 diputados que apoyaban la postura de Hatuey, sólo siete permanecieron firmes, mientras los otros 30, en un abrir y cerrar de ojos, pasaron a apoyar a Hipólito y su reelección. ¿Y ustedes creen que fue rezando que se logró eso? ¿Quién ignora que ese cambio obedeció a una operación financiera dirigida desde el más alto nivel del Estado?

Lo mismo ocurrió con los legisladores del PRSC que se plegaron a apoyar la modificación a la Constitución, permitiendo la reelección presidencial, y hasta el propio PLD fue salpicado con esa operación, cuando once de sus diputados desafiaron a su Comité Político al apoyar esas pretensiones.

Lo anterior es suficiente para señalar cómo la alta dirección del PRD usó en la pasada campaña electoral los recursos del Estado para imponer, primero a lo interno de su organización y luego en el Congreso Nacional, la reelección presidencial. Y ya sabemos que durante la campaña electoral no se escatimó absolutamente ningún esfuerzo en esa dirección. Eran tiempos en que no existía ningún freno. Todo era posible y bueno si se trataba de ayudar a ganar. Y lo peor es que no se hacía de manera simulada. No. Era una cosa proclamada y justificada sin ningún tapujo. Recuerdo incluso a algunos dirigentes perredeístas propagar abiertamente que ganarían las elecciones porque contaban con todos los resortes del poder.

En este artículo no pretendo negar ni afirmar respecto a si el actual gobierno está usando los recursos del Estado en su campaña. Tal vez lo haga en otra ocasión. Lo que quiero significar es que el PRD carece de la credibilidad y autoridad moral y política para encabezar una cruzada en esa dirección. El PRD está invalidado para erigirse en el estandarte moral de la lucha contra el mal uso de los recursos del Estado, porque cada vez que ha gobernado, desde Antonio Guzmán hasta Hipólito Mejía, se ha comportado diferente a lo que ahora, por razones políticas y no ética, quiere proyectar.

El tema es importante y crucial para la democracia. He escuchado a algunos analistas políticos y sociólogos afirmar que se trata de un vicio de nuestra democracia. Sea como fuera, la verdad es que los gobiernos en la República Dominicana, en mayor o menor medida, han sido afectados por ese cáncer. El desafío ahora es lograr que nuestra clase política adquiera conciencia de la necesidad de superar, con el auspicio de todos los actores de la democracia, esa práctica insana. Pero a lo que definitivamente nadie tiene derecho es a usar el tema, como lo está haciendo el PRD, de manera politiquera, creyendo así poder otra vez embaucar al electorado dominicano.