Rafael Acevedo 
El reciente proceso electoral dejó al desnudo una enorme cantidad de fallas del sistema institucional. Con anterioridad, estuvimos presenciando esas fallas, dramáticamente, en explosiones de estaciones de gas, depredación de parques nacionales, desmanes y actos de corrupción en cortes y procuradurías, y en hechos delictivos y de violencia, de variadas especies, en cualquier barrio, calle y espacio público. La causa última (muchísimas veces inmediata): El clientelismo ha ido profundizándose y complejificándose; ha degenerado en un sistema de “cuasi-aparcería” de la cosa pública.
Quien haya podido observar con objetividad el reciente proceso electoral, se preguntará con preocupación cómo se va a compensar ciertos “servicios” de personeros y agrupaciones que demostraron sus nuevas y viejas lealtades en los cambalaches comiciales. Desde hace décadas los gobiernos dominicanos han desbordado de empleomanía la burocrática, sobrecargándola de ayudantes civiles y pseudo diplomáticos “con asiento en sus casas”; llenado todo espacio físico en las oficinas. Las nóminas, el presupuesto ni la deuda pública tampoco aguantan más.
Luego, ¿de dónde se sacará para compensar y premiar esos servicios y lealtades? La respuesta, muy probablemente, será: De la profundización de la aparcería clientelista.
Los sistemas socio-políticos semi-fallidos de algunos de nuestros países pasan por la desgracia de procurar legitimarse mediante la compra de lealtades a cuenta del erario. En la medida en que los fondos y bienes del procomún no alcanzan, solo queda: ¡Repartir el sistema institucional en sí mismo! Esta repartición, “en aparcería”, incluye el otorgamiento a actores privados “el derecho” a violar determinadas leyes, aranceles, tasas, impuestos; “permisos” para uso privado de áreas, aceras, vías y espacios públicos. Los que no alcanzan o no aspiran a ir a la burocracia, obtienen “exoneraciones”, “permisos” o “licencias” por sobre las obligaciones que la ley impone para cada ciudadano, sea comerciante o profesionista, militar o civil, rico o pobre. Los favorecidos adquieren el “derecho” de beneficiarse y de favorecer a terceros de la no aplicación de un reglamento, como por ejemplo, el de uso de espacios urbanos, de colocar una envasadora de gas o una estación de combustible donde les plazca o convenga; o apropiarse de una acera, o decidir quién puede transitar o llevar pasajeros y cargas en determinadas carreteras y lugares. Los espacios visuales y auditivos son obsequiosa e ilegalmente otorgados, o intencionalmente inobservados. Ello, con el beneplácito, la autorización, la anuencia o vista gorda de las autoridades. Esto, sobradamente, lo saben ministros, alcaldes, generales y fiscales, quienes jamás enfrentan esas violaciones; en cambio, repiten discrecionalmente el mismo modelo en su institución y área de autoridad y poder.
Igualmente se roba y monopoliza la cultura, el lenguaje y la verdad comunes, y se establecen “comunicadores” y voceros con acceso privilegiado y autorización “de facto” a establecer, monopolísticamente, “la verdad” pública, lo supuestamente justo o injusto, legal o ilegal. Juan Bosch hubiese dicho de este “prebendalismo” o aparcería de lo institucional y del procomún, que constituyen “la etapa última o “superior”del clientelismo”.
El gobierno reelecto tiene una brillante oportunidad y un ineludible deber ante posibles, parciales o totales, colapsos institucionales.
