Su voz ha causado mucho revuelo. Tras hacer una denuncia, e intentar evitar que más personas sufran a causa de una gran irresponsabilidad, Amparo Chantada ha sido víctima de una injusticia. Ella clamó porque alguien meta su mano en nombre del Museo de Historia Natural, una institución que guarda en sus entrañas un silente pero efectivo enemigo: un nido de hongos y bacterias que casi lleva a la tumba al director del museo, el antropólogo Fernando Luna Calderón, quien se encuentra en Italia recibiendo tratamiento médico.

Luna, quien fue desahuciado en nuestro país después que se le diagnosticara un inexistente cáncer, guardaba en su cuerpo un concentrado de los mismos hongos y bacterias que pululan con toda libertad por el museo. Como él, pero sin llegar a tener síntomas tan graves, hay más empleados enfermos.

A nadie le importan los sufrientes del Museo Nacional de Historia Natural. Así ha sido evidente después que Chantada lo denunció: ningún funcionario se ha pronunciado al respecto. Amén de que el lugar está cerrado, quizás como medida preventiva (no queremos una pila de cadáveres, ¿verdad?), las autoridades de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente –a quienes les incumbe este museo– no han dicho ni ji.

Esto da vergüenza. Un hombre que se supone que vive por y para la historia, tal como el secretario Frank Moya Pons (cuyas obras poblaron los “históricos” días de nuestra colegial infancia), debería hacer algo. Con esa actitud, de mutismo e indiferencia, pone muy en entredicho la credibilidad que se ganó a golpe de pluma y recuerdo –eso es la historia, al fin y al cabo–.

Pero Moya Pons, quien debería pensar que algún día la historia también lo juzgará, no es el único culpable en este cuento: Cultura, con Tony Raful a la cabeza, también tiene su cuota de responsabilidad.

Sé que ese museo no le corresponde a Cultura. El del Hombre Dominicano, sin embargo, sí. Y es allí, como decía al principio, que se cometió la injusticia contra Amparo, a quien le cancelaron un contrato que había firmado con esa entidad.

No hay que ser muy inteligente para suponer que el contrato fue suspendido por la denuncia que ella hizo. No era mucho dinero, eran apenas RD$15.000 (quince mil pesos) –de los que le saldrían en limpio RD$12.000 (doce mil)– pero de todas formas indigna y da lástima que en este país se castigue a la gente por decir la verdad.

No toque los intereses del Gobierno, que se jode, parecerían decir nuestras autoridades (su silencio es más elocuente que sus palabras), al tiempo de negarle a Amparo la posibilidad de participar como geógrafa en unas excavaciones indígenas que se realizan en Macao.

Carlos Andújar, director del museo, justificó la cancelación del contrato diciendo que no había dinero para pagar. “Yo lo hago gratis, me interesa mucho participar”, le respondió Amparo, quien insiste que tener esa experiencia le interesa más que los chelitos que le iban a dar.

No hubo que convencer a Carlos. Amparo fue sentenciada y punto: no más trabajos, no más contacto con una de las pocas personas que pudieron haber hecho ese trabajo en este país. “La idea era reconstruir las condiciones del lugar, el clima, entender por qué ese cementerio estaba ahí”, me contó Amparo con mucha ilusión pensando cómo hubiese sido recrear el pasado.

Al pensar en ese pasado, que no será recreado por ella, recordé que el Presidente dijo el fin de semana pasado que la crisis ya terminó. Tajante, lleno de optimismo y valentía, él se atrevió a decretar el final de nuestras miserias. Al día siguiente, cuando fui llena de emoción al supermercado, comprobé que el cese de la crisis sólo existió en su cabeza: todo continuaba igual.

Al hablar con Amparo, dos días después, supe que no sólo persistía la crisis económica: también la de los valores. Nuestros principales edificios (incluida la Biblioteca Nacional, que al menos dicen que será fumigada) se caen ante el silencio de unos funcionarios que atropellan a todo el que dice la verdad. Es el precio, en este país, de la honestidad: el destierro y el olvido.