El miércoles pasado se produjo un apagón general que afectó todo el país, no fue por falta de pago a los generadores, tampoco manipulación del mercado por parte de éstos; no fue artificial la falta de energía, se debió a que la capacidad instalada de corto plazo es insuficiente para responder a las necesidades, lo que es sumamente grave.

El gobierno del PLD se equivocó cuando en el 1998  privatizó el sector eléctrico, prometiendo al país que el libre mercado se encargaría de garantizar abundante energía y que sería barata; la realidad ha sido diferente, los apagones se han incrementado por razones financieras y ahora por falta de capacidad, desconociendo el pueblo que en los últimos cinco años el gobierno ni el sector privado han invertido en una sola planta eléctrica mientras la demanda crece todos los días.

Para los dominicanos fue tan malo el negocio de la privatización que los capitales que entraron,  por  la compra del 50% de las plantas de generación y de la distribución de energía, no superó los $650 millones de dólares; sin embargo, y solo en los años 2005-2008, como subsidio del gobierno el sector recibió $4,047 millones de dólares. ¿Qué de donde vienen éstos números? El gobierno central inyectó $2,847 millones de dólares como subsidio directo y la CDEE  $1,200 millones de dólares que tuvieron como fuentes los ingresos generados por las hidroeléctricas y la transmisión de la energía. 

Otra manera de ver el terrible negocio del PLD y su gobierno es comparando el esfuerzo fiscal con el ingreso de capital. En un año, como promedio en el periodo 2005-2008, el subsidio total del gobierno y de la CDEE fue  de $1,012 millones de dólares  (36,500 millones de pesos), el esfuerzo de los dominicanos anualmente fue 1.6 veces el capital total que ingresó al país por la capitalización. El modelo eléctrico actual nació insostenible y lo malo es que empeora a medida en que el sistema envejece y no se realizan nuevas inversiones. Para que sea sostenible, para que en el largo plazo los ingresos sin subsidios igualen los gastos totales, sería necesario un cambio total del modelo, el que tenemos no soporta más remiendo, como el intentado por las autoridades que acaban de salir de la CDEE, que hablaron de entrarle a los contratos de los generadores, elevar el índice de facturación para llegar a un 80% y cobrar el 95% de la facturación para lograr la sostenibilidad.

Un remiendo sin sentido, apoyado en un supuesto irreal, que los usuarios pagarían religiosamente la abusiva tarifa actual, la más alta de América Latina. En el mes de junio el precio de la energía facturada a los clientes osciló entre US$0.19/Kwh y US$0.20/Kwh, con un margen de intermediación entre US$0.09/Kwh y US$0.10/Kwh, más de dos veces el de una distribuidora eficiente. Así no se puede. Lo que garantiza la sostenibilidad financiera del sistema es el cambio de modelo, de modo que la empresa que genere también cobre, mientras el gobierno fija un precio máximo para eliminar cualquier posible intento de manipulación de mercado.