A nivel mundial los elevados precios de los alimentos dificultan su adquisición. Desde que pasaron de productos básicos a rubros de especulación en las bolsas, los inversores elevan su cotización comprando a futuros cuando se enteran de cambios reales o potenciales en la oferta mundial.

Como ha ocurrido desde que irrumpió la Covid-19, el índice de precios de la FAO paso de 93.1 en junio de 2020 a 124.6 en junio 2021, quiere decir que, como media y a nivel mundial, los alimentos se han encarecido en un 33.8% en los últimos doce meses, trayectorita ascendente que afecta a todos los países importadores netos de alimentos, algunos de manera desproporcionada, donde los hogares destinan mucho más de la mitad del ingreso para comprar la comida.

No es el caso de República Dominicana, 23.85% es la proporción del gasto destinado a los alimentos, el promedio nacional según la canasta familiar con base anual octubre 2019-septiembre 2020, estamos en el rango entre 16% y 30% de los países emergentes.

Aunque los alimentos y bebidas no alcohólicas se encarecieron en un 12% en los pasados doce meses, mucho menos que el alza mundial, y como se sabe cuáles factores internacionales contribuyen al aumento de precios de la comida, pero lo que nadie sabe es cuándo van a alinearse, todo indica habrá que esperar el control de la pandemia para que el mercado recupere el equilibrio, correcta y oportuna fue la decisión del Gobierno de adoptar medidas precautorias para evitar que los aumentos temporales de precios internacionales, dificulten el acceso a los alimentos a grupos más vulnerables.

El presidente Abinader extendió hasta diciembre la transferencia de ingresos a 350,000 beneficiarios del programa Supérate, el subsidio directo se mantiene a 1,350,000 familias. Durante treinta días congeló los precios del GLP, gasoil y gasolina regular. Amplió los mercados de productores y consumidores a través de INESPRE y autorizó facilidades en las Aduanas para importar alimentos básicos.
Debe computarse y publicarse el valor del paquete de medidas, se traduce en dinero contante y sonante para las familias, les devuelve poder de compra, evita que los altos precios hagan más difícil adquirir los alimentos básicos, que dediquen una mayor parte de su presupuesto a la misma canasta básica o tengan que dejar de consumir ciertos productos.

Como el alivio presupuestario tiene vida corta, hasta diciembre, el salario de los trabajadores debe aumentarse antes de finalizar el año, para lo que es clave agilizar las conversaciones Gobierno, empresarios, trabajadores en el Comité de Salarios. No se puede olvidar, además, que las medidas fiscales se implementan cuando el mercado mundial de alimentos no funciona bien, la reducción de la oferta y la especulación han encarecido hasta el límite la comida de las personas, haciendo cada vez más frágil los cimientos de la seguridad alimentaria, y nadie sabe hasta cuándo.
Mi opinión es que debe extenderse la vida de la mesa de diálogo Gobierno, sociedad civil y sector privado, y mantenerse en sesión permanente, evaluando la cambiante situación de la oferta-demanda y precio mundial de la comida, para derivar recomendaciones puntuales y oportunas que garanticen acceso de las familias más vulnerables a la canasta básica.

Como ha ocurrido desde que irrumpió la Covid-19, el índice de precios de la FAO paso de 93.1 en junio de 2020 a 124.6 en junio 2021, quiere decir que, como media y a nivel mundial, los alimentos se han encarecido en un 33.8% en los últimos doce meses, trayectorita ascendente que afecta a todos los países importadores netos de alimentos, algunos de manera desproporcionada, donde los hogares destinan mucho más de la mitad del ingreso para comprar la comida.
No es el caso de República Dominicana, 23.85% es la proporción del gasto destinado a los alimentos, el promedio nacional según la canasta familiar con base anual octubre 2019-septiembre 2020, estamos en el rango entre 16% y 30% de los países emergentes.

Aunque los alimentos y bebidas no alcohólicas se encarecieron en un 12% en los pasados doce meses, mucho menos que el alza mundial, y como se sabe cuáles factores internacionales contribuyen al aumento de precios de la comida, pero lo que nadie sabe es cuándo van a alinearse, todo indica habrá que esperar el control de la pandemia para que el mercado recupere el equilibrio, correcta y oportuna fue la decisión del Gobierno de adoptar medidas precautorias para evitar que los aumentos temporales de precios internacionales, dificulten el acceso a los alimentos a grupos más vulnerables.

El presidente Abinader extendió hasta diciembre la transferencia de ingresos a 350,000 beneficiarios del programa Supérate, el subsidio directo se mantiene a 1,350,000 familias. Durante treinta días congeló los precios del GLP, gasoil y gasolina regular. Amplió los mercados de productores y consumidores a través de INESPRE y autorizó facilidades en las Aduanas para importar alimentos básicos.
Debe computarse y publicarse el valor del paquete de medidas, se traduce en dinero contante y sonante para las familias, les devuelve poder de compra, evita que los altos precios hagan más difícil adquirir los alimentos básicos, que dediquen una mayor parte de su presupuesto a la misma canasta básica o tengan que dejar de consumir ciertos productos.

Como el alivio presupuestario tiene vida corta, hasta diciembre, el salario de los trabajadores debe aumentarse antes de finalizar el año, para lo que es clave agilizar las conversaciones Gobierno, empresarios, trabajadores en el Comité de Salarios. No se puede olvidar, además, que las medidas fiscales se implementan cuando el mercado mundial de alimentos no funciona bien, la reducción de la oferta y la especulación han encarecido hasta el límite la comida de las personas, haciendo cada vez más frágil los cimientos de la seguridad alimentaria, y nadie sabe hasta cuándo.
Mi opinión es que debe extenderse la vida de la mesa de diálogo Gobierno, sociedad civil y sector privado, y mantenerse en sesión permanente, evaluando la cambiante situación de la oferta-demanda y precio mundial de la comida, para derivar recomendaciones puntuales y oportunas que garanticen acceso de las familias más vulnerables a la canasta básica.