En la extensa lista de episodios indignos, la naturaleza humana coincide y se recrea con la terquedad de exponentes de la clase política que se resisten a entender los parámetros establecidos por la ciudadanía. Reglas, no necesariamente escritas, pero reveladoras de que todo no está permitido. Aún así, insisten.
Todo el proceso de selección de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) exhibe un nivel de espectacularidad capaz de esconder las intenciones reales y preferencias alrededor de un rostro en capacidad de darle cumplimiento a un esquema hegemónico. En realidad, la mayoría conseguida en el pasado proceso electoral representa el ardid de legitimidad constitucional para producir un ordenamiento formal de intereses caracterizados por simpatías cuasi-públicas que deben monitorear el evento comicial del 2020.
Los afanes de sectores sensatos dentro y fuera del sistema de partidos conocen del hastío. Por eso, la elemental prudencia debería apostar por un punto final alrededor de beneficiarios que terminan como mensajeros de oficio. Desafortunadamente, el carácter insaciable de la fauna política nuestra no tiene precedentes. Ahora bien, la nueva modalidad consiste en utilizar todo el andamiaje mediático alrededor de hacer inviable al “enemigo público”, y así, facilitar el preferido de una causa adicta al perfil de sumisión. La trampa reside, en atajar a “uno” para dejar pasar al “otro”.
Insistir con Roberto Rosario pondrá a prueba lealtades senatoriales que deberán consultar instancias superiores que orquestaron “sus” senadores. Así se confirmaría el origen de los dardos y la dosis de simulación. Por eso, la insistencia en permanecer en la JCE aporta en la identificación del cuadro de comedias estructurada con tintes de impedimentos consulares y reyertas personales estimuladoras de un falso patriotismo que, como de costumbre, terminará cuando la verdad aflore. Insisto: la coincidencia de mansos y cimarrones en el aniquilamiento del interesado en quedarse, nos podría nublar la razón y establecer las bases para encontrar un sustituto que sólo sea capaz de dejar en el organismo más rastro que el de su nombre escrito sobre arena.
El preferido se percibe. Lamentablemente, la espectacularidad nos remonta a épocas superadas. Aunque el manual se repite.
Cuentan que en 1954 fue asaltada la sucursal del Royal Bank, de mayor importancia en el Cibao. Se identificó al joven Eudes Maldonado como responsable del hecho, y de inmediato, Ludovino Fernández le apresó. Sacado para desyerbar, se le aplicó la ley de fuga asesinándolo para enviar una señal “ejemplarizadora”. El tirano respondió al exceso con toda la espectacularidad, designando al abogado José Uribe Macías para someter a la acción de la justicia a los responsables de esa barbaridad.
Muchos no lo recuerdan, pero en el marco de las terribles disputas militares Nivar Seijas- Pérez y Pérez, el 11 de abril de 1971, el coronel de la Fuerza Aérea Guarién Cabrera en pleno malecón capitaleño, específicamente en el restaurante La Posada, asesinó a un ciudadano que hizo referencias al pasado trujillista del oficial. Lleno de sangre se le condujo a la Base de San Isidro y posteriormente los tribunales le condenaron a un mes de cárcel y cien dólares de multa.

Los sectores con una verdadera vocación democrática deben impedir la tesis del mal menor porque se está apostando en esa dirección. Auscultar los retorcimientos, sin creer que liquidando al feroz conocido habilitamos al perverso revestido de mansa paloma.