Barcelona.– El presidente de la región de Cataluña, el independentista Carles Puigdemont, intervendrá mañana en el Senado español para argumentar su oposición a las medidas del Gobierno para restaurar la legalidad frente al desafío secesionista en esa comunidad autónoma, dijeron hoy a Efe diversas fuentes soberanistas.

El Senado ofreció a Puigdemont (PDeCAT, centroderecha independentista) debatir con el Gobierno antes de que la Cámara Alta ratifique esas medidas el viernes próximo.

También ese día, el Parlamento regional catalán -donde hay una mayoría independentista- votará la respuesta del legislativo regional a esas medidas del Gobierno central, que incluyen la destitución de Puigdemont y todo su equipo al amparo del artículo 155 de la Constitución española.

Ese artículo permite que el Ejecutivo, con la autorización del Senado, asuma el ejercicio de las competencias de autogobierno de una región autónoma cuando sus gobernantes incumplan las leyes.

Puigdemont intervendrá en la tarde de mañana en la comisión parlamentaria específica de 27 senadores que está tramitando este asunto, que será votado definitivamente el viernes por el pleno del Senado, donde el gobernante Partido Popular (PP, centroderecha) cuenta con mayoría absoluta.

Mientras tanto, el presidente regional sopesa una respuesta que iría entre declarar de manera unilateral la independencia de Cataluña o convocar elecciones autonómicas anticipadas con arreglo a la ley antes de ser destituido. No obstante, existen discrepancias entre las diferentes fuerzas políticas española sobre si tal convocatoria sería una razón suficiente para suspender las medidas del Gobierno o no.

Mariano Rajoy.

El jefe del Ejecutivo español, el conservador Mariano Rajoy, aseguró hoy -antes de conocerse que Puigdemont irá al Senado- que la «única posible” opción que le ha dejado el político catalán con su desafío independentista es aplicar las previsiones constitucionales.

“Vamos a ver si ahora tiene a bien acudir al Senado a presentar sus propuestas ante el conjunto de los ciudadanos”, dijo al respecto el presidente del Gobierno español.

Rajoy insistió en que su objetivo es restaurar la legalidad, apostar por la convivencia y atajar las consecuencias económicas del proceso independentista.

Más de 1.500 empresas han trasladado su sede social desde la comunidad autónoma de Cataluña a otras regiones españolas por la incertidumbre política desde el referéndum ilegal de autodeterminación del pasado 1 de octubre, según datos del Colegio de Registradores de España.