ALTAGRACIA PAULINO
El presidente del Senado Andrés Bautista García, siempre se ha mostrado simpático con los que defendemos como una necesidad que se legisle para proteger a los Derechos de los Consumidores. Cuando el 27 de febrero él rindió cuenta al país ante la Asamblea Nacional, anunció la ley de protección a los Derechos del Consumidor como unos de los proyectos prioritarios y pensamos que muy pronto esa ley aprobada de manera unánime en la Cámara de Diputados el 15 de febrero de este año, estaría en la agenda del Senado.

Pero ya vamos para cuatro meses y de ese organismo solo ha salido la versión de la llamada Comisión de enlace entre el Senado y el sector empresarial dando una explicación sobre la ley, contraria al sentido y a lo que de verdad está estipulado en la misma.

La Comisión de enlace se refiere al tema de los precios cosa que se ha convertido en una mala palabra para el sector empresarial según se advierte de lo señalado, pero que el párrafo donde se menciona esa palabra por lo único que aboga es por un derecho humano y del consumidor que tiene que ver con «la información de precios» y nada más.

Presumo que ningún dominicano entenderá una ley de protección a los Derechos del Consumidor donde no se hable de precios y siento que no tendrá sentido una ley que obvie esa palabra.

De igual modo no entiendo la razón de que una comisión de enlace entre el empresariado y el Senado tenga razón de ser porque los legisladores tienen el poder dado por los votantes de hacer leyes para los más débiles no para un grupo o sector, al menos ese es el sentido de toda ley desde cuando se hizo el primer código que recuerde la humanidad.

Creo que el organismo tiene derecho a formar todas las comisiones que considere, pero si de verdad desea la pluralidad entonces debe crear comisiones de enlaces con otras instancias de la sociedad, incluyendo las juntas de vecinos, los clubes, las iglesias, los grupos de consumidores, las amas de casa y demás grupos organizados de la sociedad civil acreedores derechos ante la ley igual que los empresarios.

Por lo que conozco del presidente del Senado, creo que tiene buenas intenciones, que probablemente alguien le ha aconsejado que de largas a eso de la ley del consumidor, pero debe recordar que la credibilidad se pierde si perdemos la coherencia y de ahí la crisis de credibilidad, que es uno de los peores males de este país.

Y esta crisis, la de credibilidad, la han generado los políticos al predicar una cosa y actuar contrario a sus predicas y a sus compromisos.

Creo que el presidente del Senado y todos los senadores tienen un gran compromiso con este país, y en ese compromiso está el hacer realidad una ley general de defensa a los derechos del consumidor, que son derechos humanos que deben ser garantizados mediante una legislación tal como ocurre en todos los países de América Latina, en muchos de los cuales debieron aprobar la Ley del consumidor antes de la de los TLC con estados Unidos.

Hoy solo República Dominicana, Bolivia y Haití son los únicos países que carecen de un marco legal para defender los derechos de los consumidores, y precisamente son Bolivia y Haití los países que viven en una crisis política casi permanente.

Una ley que defienda los derechos de los consumidores ayudaría a regular el comercio, propiciaría una relación de equidad en la sociedad dominicana y contribuiría con la gobernabilidad y esos valores son precisamente compromisos de los legisladores y de todos los sectores que de verdad aspiran a lo mejor para este país.