POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Las transacciones de las últimas semanas indican que el presidente Leonel Fernández privilegia el mantenimiento de un clima de gobernabilidad, evadiendo las provocaciones de sus opositores, particularmente atrincherados en el Congreso Nacional.

Tal vez basado en las experiencias de su anterior período gubernamental, el mandatario peledeista muestra una imagen de ponderación y negociación, desarmando a sus contradictores y ganando tiempo de cara a las elecciones del próximo año, cuando espera modificar la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional y los municipios.

La ponderada posición presidencial no evita que algunos subalternos del gobierno y el partido respondan hasta en términos airados los cuestionamientos a la gestión de gobierno que han provenido del expresidente Hipólito Mejía, del Congreso, los partidos opositores y hasta de organismos internacionales.

RECITAL DE TRANSACCIONES

En los últimos días el presidente Fernández ha sorprendido a propios y extraños con el recital de transacciones que ha exhibido frente a ofensivas de sus opositores desde el Congreso Nacional.

En lo que para algunos han sido muestras de debilidad, el mandatario peledeísta ha preferido la transacción a la confrontación, dejando a los legisladores con la «carabina al hombro», mientras reafirma una imagen de ponderación y conciliación.

La mayor expresión fue el retiro de la observación que había formulado al proyecto de ley aprobado por el Congreso que establece una nueva forma de distribución del financiamiento estatal a los partidos políticos. La pieza quedó convertida en ley el miércoles 23 cuando fue promulgada por el Ejecutivo.

Esta ley se originó en los predios del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), gran beneficiario de la redistribución,  y contó con los auspicios de los legisladores del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Al establecer que el 80 por ciento del financiamiento estatal se distribuirá en partes iguales entre los partidos que obtengan más del 5 por ciento de los votos, la mayoría congresual perredeísta mataba dos pájaros de un tiro: reducía la proporción a recibir por el PLD y echaba una manita a un reformismo que busca distancia del gobierno y en consecuencia más sensible a una alianza opositora para los comicios del año próximo.

Para los perredeistas el nuevo sistema no le cambia la proporción de ingresos, ya que obtuvieron el 33 por ciento de los votos en las últimas elecciones. Por proporción de votos o por parte iguales entre los tres con más del 5 pro ciento de la votación le toca lo mismo. Pero el PLD desciende su proporción del 49 al 33 por ciento, mientras el PRSC lo eleva del 7 al 33 por ciento.

El presidente Fernández prefirió transar en conversación con legisladores reformistas, deshaciendo la maniobra opositora y evadiendo un boicot congresional a sus iniciativas, entre las cuales está pendiente la aprobación de bonos por 8 mil millones de pesos, contemplados en el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De paso el mandatario mejora el ambiente congresional para su presentación de este domingo 27 de febrero.

La decisión del Ejecutivo pudo estar motivada también en la posibilidad de que perredeístas y reformistas juntos pudieran ratificar la ley e inflingirle una derrota política. En el Senado no hay dudas. El partido de gobierno solo tiene allí una curul de 32. Y aún en la cámara baja, los dos partidos de oposición suman más de los dos tercios de votos requeridos para aniquilar la observación presidencial.

Un día después el primer mandatario recibió al presidente del Senado, el perredeista Andrés Bautista, y al vocero reformista en esa cámara, Germán Castro García, con quienes pacta la reposición de cientos de médicos y trabajadores de la salud y del magisterio y la creación de una comisión para revisar entregas de parcelas agrícolas desconocidas por el actual gobierno.    

Mediaban no solo declaraciones de voceros de la oposición del Congreso, sino también de dirigentes políticos, como el secretario general perredeista Rafael Suberví Bonilla que proclamaba un boicot a las iniciativas gubernamentales.

LOS MOTIVOS SUBYACENTES

Aunque los motivos aducidos por los opositores para sus amenazas de boicot fueron la observación de la ley de financiamiento de los partidos, las cancelaciones de médicos, enfermeras y maestros y los desconocimientos de asentamientos agrarios, se cree que habría razones adicionales.

Estarían enviando mensajes para que no extiendan hasta el expresidente Hipólito Mejía los interrogatorios relacionados con la presencia que tuvo en las Fuerzas Armadas el señor Quirino Paulino Castillo, extraditado a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.

Los perredeístas estarían también reaccionando ante acusaciones  de funcionarios gubernamentales, no suficientemente documentadas, de que se distribuyeron los 200 invernaderos que importaron al amparo de un préstamo de 36 millones de dólares.

Un listado puesto en circulación por una agencia oficial esta semana muestra los beneficiarios de 50 de esos invernaderos, en su mayoría exfuncionarios del pasado gobierno o relacionados. En 10 de ellos se dice que los beneficiarios son personas distintas a las que aparecen en los documentos.

Pero en una «Aclaración Pública» suscrita por los integrantes de la comisión que manejó el programa de los invernaderos, se defiende su asignación, y se citan a 15 peledeistas o relacionados que también habrían sido beneficiarios de las unidades productivas. Precisan que en todos los casos se trata de contratos con el Banco Agrícola para pagar el costo de los invernaderos.

En el PRD también había disgusto por el atentado que dejó al borde de la muerte al exfiscal de Cotuí y dirigente perredeísta Sadoki Duarte, por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, horas después que dijera en su programa televisivo «Toque de Queda» que había complicidad entre agentes de esa institución y narcotraficantes locales.

Otro elemento de conflicto fueron las ácidas reacciones ante las críticas a las políticas del gobierno formuladas el sábado 19 por el expresidente Mejía al romper la tregua que había dado a las autoridades peledeístas. Resaltan las del vocero oficial Roberto Rodríguez Marchena, quien definió al anterior mandatario como «incompetente, irresponsable y desmemoriado».

Esta reacción no fue peor que la del secretario de Finanzas, Vicente Bengoa, cuando mandó a callar a los representantes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo que expresaron públicas reservas por la decisión gubernamental de embarcarse en la construcción de un tren subterráneo en la ciudad de Santo Domingo.

UN PRESIDENTE SUAVE

Esas duras reacciones no se corresponden con la suavidad con que el presidente Fernández ha tomado las contradicciones y las críticas de sus opositores, afianzando una imagen de gobernante ponderado que insufla confianza, en contraste con los arranques de su antecesor Hipólito Mejía.          

Desde la instalación de su gobierno seis meses atrás el presidente Leonel Fernández ha evadido el lenguaje confrontativo con una oposición que controla el Congreso Nacional y la gran mayoría de los municipios.

Con o sin intención, la actitud presidencial ha evadido también convertirse en promotor de reunificación de los dos mayores partidos opositores, sacudidos por crisis internas que los debilitan, especialmente de cara a las elecciones congresionales y municipales de mayor del 2006, para las cuales ya solo faltan 15 meses.

No le han importado opiniones de supuesta debilidad. Parece más bien decidido a evitar las confrontaciones que se produjeron al comienzo de su gobierno en 1996 y que terminaron por fortalecer las posiciones del PRD.

En aquella ocasión, muy temprano todo el gobierno apareció desafiando la mayoría congresional perredeísta, con la que evadieron negociar las reformas fiscales  atadas al proyecto de presupuesto para 1997. Posteriormente desconocieron la mayoría del PRD en la Cámara de Diputados, apelando a la compra de voluntades para impedirle la presidencia. Después utilizaron recursos hasta violentos para invalidar la mayoría perredeísta en los municipios y evitar que controlara la Liga Municipal.

Esas políticas de imposición no redituaron a favor del gobierno de Fernández ni de su partido, contribuyendo a fortalecer la unidad del PRD y a sus resonantes victorias electorales de 1998 y 2000.

Todo parece indicar que esta vez el presidente Fernández no está dispuesto a tropezar de nuevo con la misma piedra, y prefiere jugar una política conservadora, especialmente en circunstancias en que los partidos de oposición están por resolver crisis internas.

El PRD del 2005, cargando una tremenda derrota electoral, que trata de  superar un importante fraccionamiento y pasar la prueba de una convención llamada a renovar todos sus cuadros directivos, es mucho más débil que el de 1997, que había obtenido el 48 por ciento de los votos y todavía contaba con un líder de la categoría de José Francisco Peña Gómez.

La política del presidente Fernández parece ser evitar todo lo que pueda tender a cohesionar al PRD y al PRSC, dejándolos que afronten sus contradicciones internas, aún al costo de parecer débil. Es lo que explica el festival de transacciones que ejecutó esta semana.-