Con su discurso del jueves, el Presidente Leonel Fernández aterrizó a la realidad de la crisis económica con un conjunto de políticas para reducir el gasto público, compensar a los sectores sociales más pobres, promover la producción agropecuaria y focalizar los subsidios a la energía y los combustibles.

 Sin embargo, el mandatario persiste en una visión muy optimista de la situación, por lo que propone un «Plan Integral de Acción hasta el 2009», de tan corto plazo como 5 meses y medio, fundado en el deterioro de la economía internacional, pero sin referirse a los excesos de gasto de factura nacional que amenazan la estabilidad.

 Ausentes estuvieron en el discurso presidencial informaciones básicas como a cuánto ascenderá el aumento salarial, qué pasará con la tarifa eléctrica, cuánto implican de endeudamiento anual  los nuevos términos del acuerdo Petrocaribe y si el gobierno promoverá también un reajuste salarial en el sector privado.

Concretas y palpables.  Lo primero que resalta del discurso del jueves es que el presidente atendió en parte los requerimientos de la opinión pública y que lo hizo en pocas palabras, que sean cosas concretas que podamos palpar, como le recomendó el padre Luis Rosario, director de la Pastoral Juvenil Católica.

 El plan presentado por el mandatario conlleva múltiples aspectos, pero llamó la atención que fuera limitado «hasta el 2009», para lo que sólo faltan cinco meses y medio, cuando varias de sus disposiciones apenas estarán ejecutándose, a pesar de haber reconocido la complejidad de la crisis económica internacional, y advertido que «no se vislumbra un cambio a corto plazo en las tendencias de los precios de las materias primas, incluyendo el petróleo, ni en la crisis financiera de los Estados Unidos, que por el momento incluso parece agravarse».

 Los anuncios más concretos se refieren a la contracción del gasto público sólo para el segundo semestre del año, la focalización de los subsidios a la electricidad y los combustibles, compensación salarial a los empleados estatales y a los sectores de menores ingresos y a incentivos para la producción agropecuaria. 

 En la pieza presidencial se advierte un esfuerzo por responder al grito generalizado de que el gobierno tiene que reducir sus gastos, pero las medidas no rebasan los alcances de la Ley de Austeridad para el 2007 que en su mayoría no fueron cumplidos. Por ejemplo, en aquella las reducciones de sueldos iban desde el 3 al 15 por ciento a partir de los que ganan 50 mil pesos mensuales. Ahora la reducción es de  5 y 10 por ciento y a partir de los que perciben 151 mil pesos.

 Las primeras reacciones sobre el programa de austeridad son de aprobación, pero se creen insuficientes. Sobre todo porque no asomaron medidas para eliminar aparatos burocráticos inoperantes como el Instituto de Estabilización de Precios, la Corporación Dominicana de Empresas Estatales o la Comisión para la Reforma de la Empresa Pública.

Tampoco se percibió disposición a suprimir cargos de secretarios sin carteras, subsecretarios, vicecónsules y personal agregado a las embajadas y consulados.

 Las concretizaciones abarcaron la forma en que focalizarán los subsidios y compensarán a los empleados del Estado, elevando los salarios y pensiones a un mínimo 5 mil pesos y aumentando en 15 por ciento los sueldos de hasta 30 mil pesos mensuales del sector público 

Ausencias notables.  En el discurso presidencial se echó de menos siquiera una mención a mecanismos para reducir la corrupción que antes de llegar al poder en 1996 el doctor Fernández casi equiparaba al monto del presupuesto nacional. Una gran fuente de ahorro se derivaría de un mandato tajante para que todas las compras y contrataciones del Estado se hicieran  por concurso, acatando la ley que el mismo mandatario promulgó hace dos años.

Faltaron también políticas encaminadas a controlar el desbordado crecimiento de las importaciones que agravan el desbalance comercial del país, a lo que contribuye un peso sobrevaluado, según economistas y empresarios, que estimula las importaciones y penaliza a los exportadores al turismo y a las capas poblacionales que viven de las remesas.

Llamó la atención de observadores que el primer mandatario no apelara al ahorro privado ni tendiera un puente para algún nivel de concertación con los partidos políticos y las organizaciones sociales, lo que ha sido considerado fundamental para establecer un plan de nación que abra mejores perspectivas para superar los desafíos de la crisis económica.  

 La sensación que flota entre algunos analistas es que el presidente Fernández apenas esbozó una parte de las políticas para enfrentar la crisis y que dejó el resto para el discurso de juramentación del 16 de agosto próximo.

Algunas incongruencias

  El presidente Fernández reconoció las repercusiones de la carestía internacional sobre la cuenta corriente de la balanza de pagos del país, sin enunciar políticas eficaces para reducir las distorsiones en el corto o mediano plazo, fuera de estimular la producción agropecuaria, pero ignorando por completo la competitividad del sector industrial, el cual ni siquiera fue mencionado en el discurso.

Aunque habló largo sobre los subsidios no se refirió al de 2,000  pesos mensuales por empleado de las industrias de zona franca que se pagaron durante los últimos meses, hasta el 30 de junio, bajo la denominación de compensación, según explicaban esta semana los directivos de la Asociación de Industrias de Zonas Francas, quienes expresaron expectativas de que fuera extendido hasta diciembre. Representa unos 225 millones de pesos mensuales.

 De las disposiciones relativas al sector agropecuario, resaltan como positivos los incentivos financieros, fiscales y tributarios a los productores, pero muchas son teorías de largos años que no se han cumplido ni en los períodos de   auge  económico, como intensificar los procesos de titulación de tierras, fortalecer sistemas de investigación, incrementar el uso de biotecnología, y el desarrollo de cooperativas y asociaciones de productores.

 En el campo de  los sueños hay que ubicar el propósito de incorporar a la producción agropecuaria en el corto plazo 500 mil tareas de tierras estatales, mediante asociación con inversionistas o arrendamiento. Los proyectos de esa naturaleza iniciados en las décadas pasadas han fracasado, y los terrenos estatales productivos ya fueron repartidos por la reforma agraria, ocupados por militares y políticos, o urbanizados. Por demás precisarían mano de obra haitiana.

Las precisiones  que estuvieron ausentes

  Llamó la atención de algunos observadores que aunque anunció aumento de pensiones y sueldos para el 98 por ciento de los empleados del Estado, el mandatario ignoró por completo que la situación golpea también a los asalariados del sector privado, para los cuales no tuvo ni palabras de consuelo.

Faltó precisión sobre el monto de las erogaciones y cuánto compensan las modestas reducciones de los salarios sobre 151 mil pesos. No dijo si el gobierno central proveerá a los ayuntamientos y organismos autónomos para cubrir los incrementos salariales.

Aunque señaló la meta de concluir el año con un déficit del sector público no financiero  equivalente al 2 por ciento del producto bruto interno, el mandatario obvió dar la información que se le ha venido reclamando al gobierno sobre el monto de su déficit fiscal en la primera mitad del año.

Volvió a presentar el financiamiento de Petrocaribe que agradece a Venezuela, pero el doctor Fernández no dijo a cuánto asciende mensual o anualmente. Según apreciaciones con los actuales niveles de precio, implica entre uno y dos millones de dólares diarios. Al menos informó que con las facilidades derivadas del reciente aumento del financiamiento en un 10 por ciento el gobierno dispondrá de 280 millones de dólares adicionales a lo que se había presupuestado. Aludió también a financiamiento logrado con la banca local, pero tampoco precisó monto.

Con dos años de gracia, la deuda con Venezuela comenzará a ser pagada antes que concluya el año, pero más tarde o más temprano los contribuyentes tendrán que saldarla, aunque ahora pagan altísimos precios por la energía y los combustibles. Si bien alivia en lo inmediato la carga del costo del petróleo, la reenvía para un pago futuro cuando el hidrocarburo seguirá siendo gravoso en un endeudamiento sin precedente en la historia del país. Tanto que ni siquiera se informa sus montos.

Faltaron también precisiones sobre la tarifa eléctrica, y el gas propano cuando sean focalizados los subsidios y el peso que esa decisión derivará para los hogares de clases medias bajas que no están considerados entre los más pobres, pero que con esos y otros costos adicionales podrían cruzar hacia la línea de pobreza.

 Como si fuera poco, el mandatario habló de duplicar de 400 a 800 mil los beneficiarios de la Tarjeta Solidaridad en los próximos 60 días, cuando los primeros han tomado cuatro años. Los últimos 50 mil fueron incorporados a la carrera durante la campaña electoral, lo que tomó unos 4 meses.