Por razones de origen, el proceso de regularización de extranjeros es un tema delicado, que debe ser manejado con la mayor transparencia. Aunque ha ganado respaldo de sectores sociales, ese proceso tiene unos críticos cuyas opiniones, por falta de información oficial, pueden influir negativamente en segmentos de la población que hasta ahora lo respaldan, y cuando no, por lo menos no lo combaten. No cabe duda de que la voz del Presidente Danilo Medina es la más idónea para responder críticas y documentar sobre la marcha del proceso.

Otro tema que merecería una respuesta del Presidente es el llamado que le hace el presidente de la JCE, Roberto Rosario Márquez, para que comprometa su liderazgo con el fin de lograr la aprobación de los proyectos de leyes de partidos y electoral. Esta invitación se basa en el sólido argumento de que el oficialista PLD tiene el control del Congreso Nacional y no tendría obstáculo para aprobar estos proyectos de indiscutible trascendencia, pero que llevan 14 años engavetados en el Congreso.

De vez en cuando, el Presidente debería romper el silencio y comunicar en primera persona el mensaje oportuno, que disipe dudas o responda críticas que puedan resultar nocivas. En los casos que hemos citado, el liderazgo del Presidente es indelegable cuando se trata de cuestiones de tan alta trascendencia. El Presidente tiene la palabra.

Una conducta incivilizada

Los residentes de algunos sectores de Santo Domingo Oeste han exhibido una conducta incivilizada, al destruir contadores, incendiar neumáticos y obstaculizar las calles, en protesta por las interrupciones del suministro de electricidad. Se reconoce que los ciudadanos tienen derecho a protestar contra las situaciones que les perjudican, pero ese derecho solo es reconocible cuando la protesta es pacífica, civilizada.

Una consecuencia de haber destruido los contadores es que el costo de cada aparato roto le será cargado a cada usuario en la factura por uso de la energía. Destruir propiedades y entorpecer el tránsito constituyen actos vandálicos que desnaturalizan el objetivo de cualquier protesta, por justificables que sean los motivos. En este caso los manifestantes se constituyeron en turba y cometieron actos penados por la ley, en vez de procurar por medios civilizados que se les regularice el suministro de energía.