Quedó pendiente de aprobación por el Congreso Nacional un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 80 millones de dólares que serían destinados al Programa Multifase para la Equidad de la Educación Básica.

El programa que se va a financiar con dicho empréstito forma parte de toda una estrategia para el desarrollo de nuestra educación básica durante los próximos diez años.

Una destacada educadora y un conocido dirigente empresarial se han manifestado opuestos a la obtención de dicho empréstito: Ivelisse Prats y Celso Marranzini, este último, empresario y presidente de la Asociación para la Educación Básica (Educa) una sociedad sin fines de lucro dedicada a desarrollar actividades en pro del desarrollo de la educación.

Entrevistada por el periodista Maglio Pérez de «El Caribe» doña Ivelisse expresó lo siguiente: «Me gustaría que para lograr una cobertura de la educación básica, la cual no es sólo un derecho, sino un deber institucional del Estado, no se requiera recurrir a préstamos».

Al igual que la destacada educadora, este redactor desea que los problemas que afectan a la sociedad dominicana y que obstaculizan su desarrollo sean encarados con fondos provenientes de la Hacienda Pública.

A pesar de ello, no pierde de vista que los niveles de desarrollo que hemos logrado en los últimos 20 años en materia de educación han sido gracias a la cooperación y al financiamiento internacional.

Sin la asistencia técnica y financiera del Banco Mundial (BM), del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), y del Banco Interamericano (BID), el Plan Decenal de Educación no hubiese ni siquiera comenzado.

Eso lo sabe doña Ivelisse y todos los que, a igual que ella, hemos laborado con y en organismos internacionales de asistencia para la educación en calidad de contraparte o de experto contratado.

¿Por qué la República Dominicana no puede, como han podido otros países del área, desarrollar su sistema de educación pública sin necesidad de recurrir a empréstitos?

Por la aptitud inconsecuente de los gobiernos que se han sucedido desde el ajusticiamiento del tirano hasta la fecha que han permitido que el sistema de educación pública de la República Dominicana haya sido y continúe siendo uno de los peores financiados de la América española.

Está especificado en la Ley General de Educación No.66-67 y en la No. 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el porcentaje del presupuesto del gasto público que el Estado dominicano deberá dedicar, año tras año, al sostenimiento de la educación inicial, básica, media y superior. Pero, gracias a los gobernantes que nos gastamos, ambas leyes han sido y son letras muertas en cuanto al financiamiento de la educación se refiere.

El presupuesto de la secretaría de Educación de este año, que debió ser de 20 mil 775 millones de pesos, es de sólo 10 mil 302 millones de pesos, es decir de 9 mil 746 millones de pesos menos que lo que acuerda la ley. Igual sucede que el presupuesto de la secretaría de Educación Superior que debió este año ascender a 4 mil 150 millones de pesos y es de apenas 1206 millones de pesos.

En los últimos dos años, más de 6 mil millones de pesos del presupuesto de la secretaría de Educación han ido transferidos a las secretarías de Estado de Obras Públicas, Fuerzas Armadas y Deportes con el propósito de que el gobierno del presidente Mejía pudiera cumplir con los que embarcaron al país en la locura de montar en la ciudad de Santo Domingo los Juegos Panamericanos más costosos y maravillosos de la historia.

Así no hay escuela que se salve ni país que progrese.

Con préstamos y con la asistencia internacional pueden llegar a desarrollarse tales o cuales programas que beneficien unos que otros sectores de la educación. Pero, la reforma total de nuestro sistema de educación por la que doña Ivelisse y todos nosotros tanto hemos luchado sólo será posible con el concurso y con los recursos de los dominicanos.

El señor Marranzini no debe temer a que un nuevo empréstito con el BID vayan a entorpecer las negociaciones que actualmente se llevan a cabo entre el gobierno del presidente Mejía y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ni el BID ni ningún otro organismo de financiamiento internacional otorgan préstamos que vayan a entorpecer o a dificultar unas negociaciones que lleve a cabo un gobierno con el Fondo Monetario Internacional.

Los requerimientos de gastos del gobierno del presidente Mejía para el año entrante se estiman en alrededor de 154 mil millones de pesos y sus entradas en sólo 112 mil millones de pesos.

Para cumplir con los compromisos de pagos de la deuda externa, el gobierno del presidente Mejía necesitará más de mil millones de dólares.

Frente a un panorama económico y fiscal tan sombrío, no debemos hacernos mayores ilusiones con relación al porcentaje del presupuesto nacional del año 2004 que el gobierno del presidente Mejía habrá de invertir en educación.

Porque entendemos que no será posible poner en práctica el programa de mejoramiento de la educación básica con recursos provenientes de la Hacienda pública, nos manifestamos a favor de la aprobación de parte del Congreso del préstamo que la secretaría de Educación firmó con el BID.