Desde hace muchos años hemos venido reclamando sobre la necesidad y obligatoriedad de que se le otorgue prestigio y fortalecimiento a cada una de nuestras instituciones públicas, sobre todo a las que tienen que ver con el control y la fiscalización de los recursos públicos, como son la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, entre otras.

Esto no se logra con edificios modernos y con lujosos y confortables despachos, aunque el entorno y el medio en que se desarrollan sus actividades influye, sino con la escogencia y designación de hombres y mujeres que además de su capacidad profesional, deben contar con una reconocida solvencia moral, pulcritud, competencia, eficiencia; con la adquisición de tecnologías de última generación y que suministren sus informes de forma oportuna y bien soportados.

Aunque hemos logrado algunos avances, en la mayoría de nuestras instituciones estas condiciones brillan por su ausencia, pues la mediocridad e incapacidad han aflorado en ellas, pues muchas veces los gobiernos de turno, en vez de fortalecer a las instituciones que tienen que ver con el control de los recursos públicos, contribuyen con la cualquierización de las mismas, escogiendo a personas sin la más mínina capacidad profesional ni formación moral, simplemente para favorecer a las personas que contribuyeron con su elección, descartando en cambio a verdaderos profesionales y técnicos calificados, con un historial de buena conducta, simplemente porque en algún momento hicieron causa común con otra fuerza política.

Muchas personas consideran que por el hecho de que una institución pública esté equipada de modernos equipos y altas tecnologías (computadores) ya tiene sus problemas solucionados.

Debemos aclarar que lo que en verdad hace la diferencia de las instituciones no son los equipos, son los recursos humanos, pues si a una computadora le introducimos informaciones basura, eso mismo nos generará.

Cuando nuestras instituciones públicas son dirigidas por personas con capacidad, con solvencia moral y con una férrea voluntad y vocación de servicio, son una garantía para la ciudadanía y para los organismos internacionales, lo que se convierte en confianza y credibilidad, que es a lo que debemos todos apostar, para tranquilidad de la clase gobernante.

Con instituciones de prestigio, fortalecidas, eficientes, eficaces y oportunas nuestro país no seguirá apareciendo en los últimos lugares en los informes que hacen algunos organismos internacionales, como Justicia y Transparencia, Barómetro Latinoamericano, Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la CEPAL, Transparencia Internacional, el Programa PISA, cuando nos califican sobre el crecimiento económico, desarrollo humano, gestión curricular, salud, transparencia, justicia, seguridad jurídica, competitividad, objetivos de desarrollo sostenible, entre otras.

Nuestro país cuenta con una amplia normativa jurídica (leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, normas) en materia de control y transparencia de los recursos públicos; anticorrupción, fortalecimiento institucional, rendición de cuentas, ética e integridad gubernamental, pero lamentablemente esta no se aplica por falta de voluntad política.

El presidente de la República, Luis Abinader Corona, en el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción prometió realizar una serie de reformas para fortalecer a dichas instituciones para que cumplan con los objetivos de fiscalizar los recursos públicos, pues al Gobierno es al que más le conviene contribuir con la lucha contra la corrupción administrativa. Ojalá que así sea.