La proporción del Gasto Público que debe ser destinado al financiamiento de la educación está consignado en la Ley de Educación No. 66/97: un mínimo de un 16% del presupuesto nacional o un 4% del PBI estimado para el año corriente, escogiéndose el que fuera mayor de los dos. Este año, el presupuesto de educación es de sólo 33 mil 356 millones de pesos (9.9% del Gasto Público y menos del 2% del PBI). Es decir, 27 mil, 268 millones de pesos menos que lo consignado en dicho edicto.

El sistema de instrucción pública de la República Dominicana continuará siendo el peor financiado de la América española. Esto ocurre a pesar de que su economía no resultó tan afectada por la crisis que impactó las de los países desarrollados.

A la baja cuantía del presupuesto de educación de este año se le agrega el hecho de que las deudas dejadas de pagar el año pasado, deberán ser honradas con partidas del presupuesto de este año. Entre esas obligaciones impostergables cabe mencionarse 618 millones de pesos que se les adeuda a los suplidores de alimentos del desayuno escolar, y a los servicios de salud de la ARS Semma, que a fin de año recién pasado presentó un déficit acumulado de más de 175 millones de pesos.

¿Cómo y en qué grado se verán afectados los servicios de instrucción pública por el bajo presupuesto de educación? Como lo advirtiera el ministro Melanio Paredes, los programas de expansión y mejoramiento de la calidad del sistema de instrucción pública no podrán ser ejecutados.

¿Qué significa esto? Que los planes y proyectos de hacer realidad una educación de calidad quedarán postergados hasta sabe Dios cuándo. Y que miles de niños y de jóvenes hijos de familias económicamente no favorecidas tendrán que contentarse con lo poco que puedan aprender en aulas mal equipadas y peor servidas.

En la formulación de la Ley de Educación 67/97 intervino un colectivo de personas muy versadas en materia de educación y de economía. Para ello, se contó con un estudio completo de las inversiones en educación de parte de los gobiernos de la América española.

Todos coincidimos en que era factible y necesario que en la República Dominicana se invirtiera en educación un 4% del Gasto Público, poco menos que el promedio de inversión en el reglón que hace los países de la región.

Pero, a pesar de nuestros reclamos y los de las organizaciones de la sociedad civil, nada hemos logrado. En cuanto a inversión se refiere, la Ley de Educación continúa siendo letra muerta.

 Los de Hacienda siguen saliéndose con las suyas.

¿Es prioridad del gobierno del presidente Leonel Fernández elevar la calidad de los servicios de instrucción pública?

Leyendo detenidamente el discurso pedagógico del presidente Fernández y las declaraciones de mis estimados amigos Melanio Paredes y Ligia Amada Melo pienso que sí; pero, si le prestamos atención a las excusas y a los desparpajos de los de Hacienda pensaríamos que no.