Aplazadas las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno presentará esta semana al Consejo Económico y Social (CES) su propuesta de pacto fiscal, mientras el ministro de Economía adelanta que esperan elevar la tarifa de electricidad en 20 por ciento y los impuestos entre 44 y 66 mil millones de pesos.

En la sociedad civil, incluidos el empresariado y  economistas, se espera un programa fuerte de reducción y reorientación del gasto público y un proyecto de presupuesto “conservador” para el 2013 que no obligue a festinar el pacto fiscal que debe fundamentar un nuevo modelo de desarrollo económico y social.

En búsqueda del pacto fiscal.   Ante  la realidad de que no será fácil ni rápido un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como fue evidente tras la visita de diez días de una misión del organismo, el gobierno parece decidido a retomar la negociación por un pacto fiscal en el marco del Consejo Económico Social (CES) que sería convocado para el próximo jueves 4 de octubre, según informó el Ministro de Economía y Planificación, Temístocles Montás.

El presidente Danilo Medina retomará el encuentro que estuvo programado para el 30 de agosto y que fuera aplazado para privilegiar las conversaciones con la misión del FMI que estuvo en el país entre el 10 y el 19 del mes en curso, la cual concluyó prometiendo una segunda fase en noviembre y remitiendo para enero la posibilidad de formalizar un acuerdo.

En el gobierno se tienen expectativas de un rápido acuerdo en el marco del CES para el pacto fiscal previsto en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, para entonces elaborar el proyecto de presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos para el 2013, que ya el presidente Medina dijo que no podrá ser introducido al Congreso “a más tardar el 1 de octubre” (mañana) como dispone el artículo 128 de la Constitución de la República. Se acoge al artículo 235 que reduce a la mayoría simple la posibilidad del Congreso para reformar el proyecto de presupuesto cuando sea sometido después del límite, lo que no implica mayores riesgos dado el control de ambas cámaras legislativas por el partido de gobierno.

A su regreso esta semana del viaje a las Naciones Unidas, el presidente dejó entendido que no someterá el proyecto de presupuesto hasta lograr el pacto fiscal, lo que pondría presión en el CES, pero sectores de este, incluidos reconocidos economistas, entienden que el gobierno puede enviar un proyecto de presupuesto conservador al Congreso Nacional que no tiene que aprobarlo necesariamente antes del 10 de enero, límite constitucional para que rija el del año anterior, por lo que daría tiempo para introducirle enmiendas dentro de ese plazo.

Elevarían la presión fiscal.  En escenarios diferentes el ministro de Economía adelantó esta semana dos de los planteamientos básicos que haría el gobierno al CES: la elevación de la tarifa eléctrica en un 20 por ciento, y de la presión fiscal entre 2 y 3 por ciento del PBI, lo que equivaldría a impuestos por una suma oscilatoria entre 44 y 66 mil millones de pesos, similar a un proyecto elaborado en Julio por el Ministerio de Hacienda.

Un estudio elaborado por el Ministerio de Economía con asistencia de técnicos del Banco Mundial presentado el jueves 27 plantea elevar la tarifa eléctrica en un 20 por ciento para lograr la estabilidad financiera del sector energético y de paso cumplir un requerimiento que estuvo en el pacto con el FMI 2009-12 de aplicar una tarifa técnica y un mecanismo flexible de fijación de precios. Eso aunque entre diciembre del 2010 y febrero del 2011 la tarifa de la electricidad fue aumentada en 19 por ciento.

La noche del mismo jueves, conversando con un grupo de periodistas españoles que visitó el Palacio Nacional, Temístocles Montás dio otro avance del proyecto de pacto fiscal que contempla el gobierno, afirmando que “necesariamente implicará un aumento de la presión fiscal de 2 a 3 puntos, para llevarla de 13 a 15 o 16 por ciento”.  Advirtió que es difícil hablar de redistribución e inversión social si no se dispone de mayores ingresos fiscales.

Incluso la estrategia gubernamental contempla condicionar la asignación a la educación del 4 por ciento del PIB a la aprobación de mayores cargas tributarias. Ya  el miércoles el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Víctor Sánchez, advirtió que si el gobierno se maneja el próximo año con los mismos ingresos del 2012, no podrá cumplir el compromiso de mayor atención a la educación instituido en ley de 1997, reclamado por un gran movimiento social y al cual se comprometió Danilo Medina en la campaña electoral.

Arduas negociaciones.  El gobierno tiene por delante arduas negociaciones tanto con el FMI como con la sociedad civil representada en el CES. Sobre el organismo internacional el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Arbizu, reveló esta semana que está pidiendo mayores informaciones, mientras los sectores empresariales, sindicales y sociales, representados en el CES, esperan a Medina con un fuerte pliego de reclamos contenidos en lo que ya consensuaron como “Principios Orientadores del Pacto Fiscal”.

 De hecho los sectores sindicales y sociales ya han acordado acciones comunes incorporando decenas de organizaciones populares a la defensa de sus intereses  y ayer sábado celebraban una asamblea “por un pacto fiscal equitativo y justo”, mientras el sector empresarial insiste en que no avalará otro parche fiscal como los siete de la última década.

Los “Principios Orientadores” que el CES acordó presentar al gobierno proclaman un pacto fundado en una reforma fiscal integral, que implique la totalidad de  los ingresos y gastos del Estado, con mejor calidad del gasto y de la inversión social, superando la discrecionalidad y el despilfarro, con equilibrio y sostenibilidad que no dependa del endeudamiento y que estimule la competitividad de los sectores productivos, la inversión, la producción y las exportaciones.

 Los dirigentes empresariales, sindicales  y sociales han insistido una y otra vez en que no avalarán otro incremento tributario sin un firme y claro compromiso gubernamental por reducir el gasto corriente y la malversación que coloca el país entre los más corruptos del mundo, por lo que se cree que será arduo y extenso el proceso de negociaciones con el gobierno para arribar al prometido pacto fiscal. Será difícil consensuar mayores cargas tributarias al igual que reducir las exenciones fiscales que benefician a los sectores productivos como el turismo y las zonas francas, así como a los industriales nacionales que se quejan de condiciones adversas para competir en el mercado internacional y hasta en el nacional.

Con el Presupuesto del 2012

Consultores empresariales y economistas vinculados a la sociedad civil han insistido en que el gobierno tiene que presentar un proyecto de presupuesto conservador para el 2013, similar al formulado originalmente para el año que termina, de 430 mil millones de pesos, sin los 71 mil millones complementarios aprobados en julio dentro del festival del déficit fiscal. Incluso el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, creación de altos empresarios, propuso esta semana que sea reducido a 392 mil millones de pesos.

Las formulaciones parten de la consideración de que el gobierno tiene que producir un fuerte ajuste y de la prioridad a la educación y la producción, como condición para que la sociedad acepte mayores contribuciones fiscales. Estiman que en aras del presupuesto para el próximo año no se puede festinar el objetivo del Pacto Fiscal y que las negociaciones tomarán tiempo. Si hay acuerdo antes de fin de año habría tiempo para someter enmiendas al proyecto de presupuesto, y aún después de aprobado si las negociaciones se extienden hasta el próximo año.

El economista Pavel Isa Contreras, uno de los relatores propuestos por el gobierno para las negociaciones del CES, planteó el miércoles en su artículo semanal de El Caribe que “El trance fiscal por el que atraviesa la economía dominicana es la punta del icebert de una crisis mucho más profunda. No es sólo el fisco lo que está en crisis sino el modelo económico y social, el cual no sólo no ha traído desarrollo humano, sino que ya no genera crecimiento”.

La estrategia gubernamental procurará forzar acuerdos a corto plazo, sosteniendo que es imposible destinar 4 por ciento a la educación preuniversitaria sin nuevas cargas impositivas. Mientras en la sociedad civil, por lo menos en la “Coalición por una Educación Digna se reivindica que el compromiso es cumplir la ley de educación, independientemente del monto del presupuesto. Y reclaman que para destinar más recursos a la educación fue que se hicieron las dos últimas reformas tributarias.-