El debate sobre el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gasto Público se ha hecho tan tradicional como la Navidad.

Esta etapa del año perdería una de sus características si dejara de producirse la lluvia de opiniones y quejas que se genera en torno a las asignaciones de fondos de las instituciones centralizadas y autónomas.

 Pero el carácter tradicional de la confrontación de pareceres acerca del presupuesto general podría  ser un síndrome revelador de la falta de una planificación macro del Estado y sus instituciones, que responda a una agenda de nación.

No hay otra explicación para el hecho de que cada año surgen disparidades y expresiones de disconformidad entre el Poder Ejecutivo, algunas de sus carteras y organismos autónomos o descentralizados.

II

Semanas atrás los ayuntamientos y el Poder Ejecutivo se pusieron de acuerdo y los gobiernos municipales aceptaron que para el 2008 se les asigne menos de lo que establece la ley.

Eso ocurrió antes de que el presupuesto fuera conocido públicamente, con esas partidas asignadas por encima de la ley.

La Junta Central Electoral (JCE) ha reaccionado con una advertencia en alguna medida exagerada ante el hecho de que se le ha asignado mucho menos de lo que había solicitado para encaminar sus proyectos en el año electoral.

De todos modos, es necesario que a la Junta se le asigne los recursos que necesita para celebrar unas elecciones libres.

Para el capítulo Educación se pretendía una asignación equivalente a la proporción que dispone la ley sobre la materia, que es de un 4% del PIB o un 16% de las recaudaciones del año que corresponda.

En vez de eso, el Gobierno repartió esa proporción entre varias instancias del ramo, lo que deja a la enseñanza regular solo con una porción.

  III

Merecimientos aparte, lo cierto es que el presupuesto de cada año debe ser un instrumento desarrollista que tenga en primer orden las prioridades nacionales.

En el ámbito electoral, por ejemplo, hay un sentido de prioridad determinado por el hecho de que las elecciones son dentro de pocos meses.

En cambio, el Poder Judicial, que también tenía aspiraciones de holgura financiera para echar adelante sus planes, ha dicho que trabajará con lo asignado, aunque, evidentemente, tendrá que aplazar algunas cosas.

 IV

Algo que debemos tener presente es que el presupuesto para 2008 tiene que contemplar recursos para hacerle frente a las secuelas dejadas por las devastadoras perturbaciones meteorológicas que nos han azotado.

Hacerle frente a las consecuencias inmediatas derivadas de estas perturbaciones, ya en el último tramo de ejecución del presupuesto del 2007, compromete enormemente las disponibilidades de recursos del 2008.

Esa podría ser una de las razones para los recortes a las sumas aspiradas por  organismos y carteras que, en otras circunstancias, trabajarían con holgura financiera que le sumaría, por inercia,  capital político al Gobierno.