Se producen quejas por las asignaciones presupuestarias que realizan los economistas gubernamentales, porque pocas veces lo pedido por las instituciones se ajusta a lo asignado, pero se hace poco énfasis en la fiscalización de las ejecuciones de esos presupuestos y su uso juicioso, en especial cuando la Cámara de Cuentas (¿cuentos?) y el Departamento de Prevención de la Corrupción rinden sus informes que reciben la oportuna, pero improductiva, atención de los medios de comunicación y la discreta indiferencia de la justicia.

Participamos en un entrenamiento sobre seguridad social en Medellín, Colombia; allí un facilitador nos contó la anécdota de un ciudadano que acudió a un servicio de emergencia en un hospital y luego de ser atendido, el médico le preguntó por qué había tomado un turno si no tenía ninguna enfermedad y el ciudadano le contestó que era uno de los representantes del pueblo en el consejo de administración del hospital y estaba evaluando cómo funcionaba la emergencia y la atención de los médicos a la población.

Nuestras vergonzosas cifras de morbi-mortalidad materno-infantil, justifican la asignación de mayores recursos al sector salud, pero, con el actual desorden en el híbrido sistema sanitario, donde no se sabe cuándo los servicios son privados, públicos, mixtos o del seguro social y los hospitales “autogestionarios” reciben mayores subvenciones que los públicos, sería echar dinero en un barril sin fondo a menos que la fiscalización se realice a través de verdaderos consejos de administración, con auténticos (y no politiqueros) representantes del pueblo, los empleados, los profesionales y técnicos, con capacidad y autonomía para decisiones financieras y operativas.

El planteamiento es: Mayor presupuesto en salud, pero cero desórdenes.